El Ministerio de Transportes ha comunicado al Tribunal Supremo que el exministro José Luis Ábalos realizó 13 viajes oficiales acompañado de su expareja, Jessica Rodríguez, entre el 7 de junio de 2018 y el 12 de julio de 2021, y ha reconocido que no dispone de información sobre cómo se sufragaron los gastos de ella en ocho de esos desplazamientos.
Así consta en un oficio remitido este mismo viernes al magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta en el alto tribunal contra Ábalos por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El exministro está siendo investigado por, supuestamente, haber recibido beneficios económicos a cambio de favorecer contratos con la administración pública o institucional, aprovechándose de su cargo.
En respuesta a la solicitud que el juez cursó el pasado 13 de marzo, el Ministerio ha certificado que Ábalos realizó un total de 293 viajes oficiales durante su etapa al frente del departamento.
En 13 de ellos figura como acompañante Jessica Rodríguez, si bien no consta que formara parte de ninguna delegación oficial, ni su nombre aparece en las declaraciones de gastos correspondientes.
Por orden de Koldo García, el exasesor del ministro Ábalos
El documento señala que los billetes para Rodríguez eran solicitados a la agencia de viajes El Corte Inglés, por orden de Koldo García, exasesor del ministro y actualmente imputado en el conocido caso Koldo. En algunas ocasiones, también era la expareja de García quien cursaba las peticiones.
Según el Ministerio, las compras de billetes se realizaban con la tarjeta de crédito de García o con la tarjeta de El Corte Inglés de su expareja, aunque en ocho de los 13 viajes no se tiene constancia de quién los abonó ni cómo se efectuó el pago.
A pesar de ello, Transportes asegura que no hay indicios de que se realizasen cargos al presupuesto del Ministerio por los gastos derivados de la presencia de Rodríguez.
Tampoco consta que su asistencia generara sobrecostes adicionales, más allá del uso en tres ocasiones de salas de autoridades en aeropuertos, cuyo precio era unitario y no variaba según el número de usuarios.
La información aportada podría resultar clave para el magistrado del Supremo, quien indaga si la utilización de recursos públicos y medios institucionales en beneficio de personas ajenas a la función pública formó parte de un entramado para facilitar adjudicaciones y obtener beneficios personales.
