Concepción González del Real, juez de Menores 1 de Madrid, advierte del peligro que representan los tribunales de instancia para la jurisdicción de menores. Foto: Confilegal.
La magistrada Concepción Rodríguez González del Real, titular del Juzgado de Menores nº 1 de Madrid, y una de las grandes expertas en esta jurisdicción es clara y contundente a la hora de mostrar sus reticencias en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia. Asegura tajante que los jueces de menores temen que los pocos logros que se han alcanzado con mucho esfuerzo —como es la especialización en menores— se diluyan como un azucarillo, sobre todo en los partidos judiciales pequeños.
Y subraya que allí, muchos compañeros no tendrán los medios adecuados, y la especialización ni siquiera alcanzará a los funcionarios. Y eso, sencillamente, es retroceder.
¿Se refiere a los llamados “tribunales de instancia”?
Exactamente. En esos juzgados de instancia se corre el riesgo de que se le reste importancia a la jurisdicción de menores. En muchos casos perderemos a funcionarios muy vinculados con esta materia, con una sensibilidad muy especial hacia los menores.
Su experiencia se va a diluir en una oficina judicial común, sin identidad propia.
Hasta ahora, los datos de reinserción de menores parecen positivos: se ha dicho que el 80 % de los jóvenes se reinsertan.
Efectivamente. A pesar de las críticas que ha recibido, la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ha funcionado. Sus resultados son buenos. El 80% de estos jóvenes se han reinsertado, y eso demuestra que la clave está en la intervención educativa.
Hay que seguir formando, seguir interviniendo con criterios pedagógicos para favorecer su integración social. Esa es nuestra función, no la mera sanción.
¿Por eso también están en contra de reducir la edad penal de estos menores?
Totalmente. Existe una oposición unánime a bajar la edad penal. Tanto yo como el resto de compañeros nos hemos manifestado siempre contrarios a rebajar el límite de edad penal.
España está en la media de la Unión Europea, fijada en los 14 años, y no hay datos que justifiquen una bajada. Lo que sí sabemos, por experiencia en otros países, es que reducir esa edad no disminuye la delincuencia juvenil. Al contrario: suele producir un incremento exponencial.
¿Entonces no creen que endurecer las penas o sancionar antes sea la solución?
Por supuesto que no. Esa idea de que imponer sanciones más duras o sancionar a los menores a edades más tempranas reduce la delincuencia no se sostiene. No estamos ante un derecho penal de prevención general, ni debe buscarse un castigo ejemplarizante. Nuestra función es intervenir educativamente, porque esa es la única vía para garantizar la reinserción. No podemos olvidar que tratamos con personas en desarrollo, no con adultos plenamente formados.
«Nuestros niños son el futuro del país, pero no se está protegiendo adecuadamente ese futuro»
Concepción Rodríguez González del Real: «Debería establecerse algún mecanismo para que nuestra experiencia se tenga en cuenta antes de legislar». Foto: Confilegal.
La Convención es la norma internacional más ratificada del mundo, pero no tiene un mecanismo sancionador como otros tratados. El Comité de Derechos del Niño puede hacer observaciones a los Estados cuando incumplen, pero no puede imponer sanciones. Por eso, muchos países, a pesar de haber ratificado la Convención, persisten en su incumplimiento. España ha recibido recomendaciones, pero no siempre se traducen en mejoras reales.
¿Cree que los partidos políticos prestan la atención necesaria a las necesidades de los menores?
Sinceramente, no. Hay una clara dicotomía entre lo que necesita la infancia y lo que priorizan las políticas públicas. Nuestros niños son el futuro del país, pero no se está protegiendo adecuadamente ese futuro. En demasiadas ocasiones los menores se convierten en instrumento de determinadas políticas, en lugar de ser el centro de ellas. Eso está afectando negativamente a sus derechos.
¿Hubo algún momento en el que sí se legisló pensando en el interés superior del menor?
Sí, en algunos momentos sí lo hubo. Pero las reformas más recientes, lamentablemente, han ido en dirección contraria. Desde mi experiencia, creo que no han beneficiado en absoluto el interés superior del menor. Al contrario: muchas veces lo han perjudicado.
Recientemente, le he escuchado decir que los jueces y magistrados que aplican las leyes no son escuchados durante las reformas legislativas y esto es un problema
Es un problema grave. Somos los operadores que aplicamos esas leyes en el día a día, los que conocemos sus efectos reales. Sin embargo, casi nunca se nos consulta. Debería establecerse algún mecanismo para que nuestra experiencia se tenga en cuenta antes de legislar.
