La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto un ultimátum al Gobierno de la nación para que, antes del 10 de mayo, responda al requerimiento que le han hecho desde la Comunidades Autónomas con gobiernos del PP para que evalúe económicamente lo que supone la implementación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, y les dote de la financiación necesaria.
Si el Gobierno da la callada por respuesta, Díaz Ayuso ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
«Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno. También estamos ahí para ello. Y no solo estamos para pedir dinero, que también. Y tampoco estamos aquí sin más, sin elevar la voz. Tenemos una responsabilidad. Somos también garantes del orden constitucional, de la Unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles, vivan donde vivan», ha dicho en el discurso que ha pronunciado en el acto de presentación de la maqueta de la futura ciudad de la Justicia de Madrid, en la sede del gobierno regional.
«Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito, y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes. Por eso, el 10 de abril presentamos un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta ley de eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente. Porque si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento, antes del 10 de mayo, vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo«, ha precisado.
Según la presidenta madrileña, lo que se ha producido con esta Ley de Eficiencia Organizativa «es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”, denunció la presidenta madrileña. “Disfrazado de palabras mágicas como modernizar o simplificar, es un nuevo caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes”, añadió.
LA FUTURA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Sobre la futura Ciudad de la Justicia, cuya maqueta fue el centro del evento, Díaz Ayuso subrayó que “va a ser el complejo judicial más grande del mundo”.
Situado en Valdebebas, al norte de la ciudad de Madrid, no muy lejos de la Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el proyecto concentrará en una sola sede los 78 órganos jurisdiccionales de Madrid, además del Tribunal Superior de Justicia, las fiscalías y otros servicios judiciales, permitiendo así “acabar por fin con esta dispersión que sufrimos en Madrid”.
«Va a acoger cada día a más de 33.000 personas”, explicó, y estará completamente operativo entre 2025 y 2027: “En 2025 se entregarán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y todos los Juzgados de Primera Instancia. En 2027, el resto de las jurisdicciones”.
La inversión prevista asciende a 653 millones de euros, que según el Ejecutivo autonómico supondrá un ahorro de 50 millones de euros anuales por la racionalización de alquileres y gastos operativos.
Además, Ayuso recalcó el enfoque de accesibilidad universal y modernización tecnológica del complejo: «Hemos prestado especial atención a la accesibilidad en todos sus aspectos y también a darle la mejor tecnología a todos los casos de justicia, especialmente a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad física, sensorial o progresiva”.
La nueva sede contará con facilitadores judiciales, cartelería en braille, salas infantiles, una guardería para la conciliación de los profesionales, espacios diferenciados para víctimas y agresores, y cámaras digitales adaptadas para que los menores puedan declarar en condiciones no intimidantes.
También incluirá asistencia integral a víctimas, con psicólogos, trabajadores sociales y gestores procesales especializados.
Asimismo, la Comunidad apuesta por una administración de justicia digitalizada, incorporando robotización e inteligencia artificial: «Esto nos permite conectar con otras administraciones, hospitales, transcribir automáticamente notas de audio o vídeo, y reducir los tiempos de tramitación judicial”.
En la recta final de su intervención, Díaz Ayuso volvió a cargar contra la Ley de Eficiencia Organizativa: «Donde dice que se moderniza la justicia, deberíamos hablar del control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Es el sueño de los totalitarios: la justicia sin jueces”.
A la presentación de la maqueta asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y la Sala de Gobierno, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, y la juez decana de los Juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, así como la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
Tanto Rodríguez Padrón como Lastra recibieron un presente de la presidenta regional: una maqueta en miniatura de esta Ciudad de la Justicia que, en superficie equivale a 65 campos de fútcomenzará a estar operativa en 20
Por parte de los abogados, asistió la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid, Isabel Winkels, y varios diputados. Alberto García Barrenechea, decano de los procuradores de Madrid, también asistió con varios de sus diputados.
