La jueza federal Allison D. Burroughs, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, ha dictado este viernes una orden de restricción temporal contra la decisión de la Administración de Donald Trump de revocar la certificación de la Universidad de Harvard para matricular a estudiantes extranjeros.
Una medida que habría dejado fuera a más de 7.000 alumnos internacionales (al 27 % de su alumnado), en medio de un creciente conflicto entre la Casa Blanca y el mundo académico, y que desde la universidad entiende que es una represalia inconstitucional.
La magistrada accede así a la petición formulada ese mismo día por Harvard para suspender de manera inmediata la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), al considerar que la institución educativa sufrirá “un daño inmediato e irreparable” si la medida entra en vigor.
La jueza Burroughs ha convocado a las partes a una audiencia el próximo 27 de mayo a las 9:30 horas (hora local), en la que se debatirá el fondo del asunto.
Un conflicto jurídico-político sin precedentes
La orden ejecutiva firmada por Kristi Noem, secretaria del DHS, comunicaba a Harvard que su programa para Estudiantes y Visitantes Extranjeros había sido revocado, impidiéndole realizar nuevas admisiones y obligando a los actuales alumnos con visado a trasladarse o arriesgarse a perder su estatus migratorio.
En respuesta, la universidad ha interpuesto una nueva demanda contra el Gobierno federal, alegando que se trata de “una flagrante violación de la Constitución de los Estados Unidos y de la legislación federal”, que impacta directamente sobre su autonomía, su misión académica y la legalidad de la presencia de miles de estudiantes internacionales en el campus.
La demanda afirma que esta revocación «ha desbaratado innumerables programas académicos, clínicas legales, laboratorios de investigación y cursos», e insiste en que los intentos del Gobierno de condicionar las decisiones internas de la universidad constituyen un ataque directo a su libertad institucional.
La raíz: acusaciones de antisemitismo y control ideológico
Este nuevo episodio se enmarca en un prolongado enfrentamiento entre la Administración Trump y varias universidades de élite —entre ellas Columbia, Princeton o la propia Harvard—, a las que se acusa de permitir la proliferación de discursos antisemitas, especialmente tras las protestas propalestinas del pasado año.
En abril, el Gobierno congeló la financiación federal destinada a Harvard —unos 2.600 millones de dólares— y activó el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo.
Como condición para recuperar la capacidad de matricular a extranjeros, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige ahora que Harvard facilite vídeos, audios y registros de protestas en las que hayan participado estudiantes internacionales en los últimos cinco años.
Según Noem, la universidad habría permitido que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” acosaran a estudiantes judíos. Desde el Gobierno, se sostiene que esta medida es parte de un plan más amplio para “erradicar el antisemitismo y el antiamericanismo de los campus universitarios”.
Harvard responde: defensa de sus estudiantes y de la legalidad
Frente a estas acusaciones, Harvard se ha mostrado firme: “La acción del Gobierno es ilegal”, ha declarado en un comunicado. La universidad ha reafirmado su compromiso con los más de 6.800 estudiantes internacionales actualmente matriculados, y ha comenzado a trabajar en una guía jurídica y académica de apoyo para los alumnos potencialmente afectados.
“Esta represalia amenaza con causar graves daños a la comunidad de Harvard y socava la misión académica y de investigación de nuestra universidad”, señala el escrito de Harvard.
La matrícula anual en Harvard asciende actualmente a 59.320 dólares, cifra que se eleva hasta 87.000 dólares si se incluyen alojamiento y manutención, lo que sitúa a sus estudiantes en un perfil de alto nivel económico e internacional.
Claves constitucionales del conflicto
La decisión de la jueza Burroughs se enmarca dentro de una creciente tensión entre política migratoria, libertad académica y garantías constitucionales en Estados Unidos.
La demanda de Harvard alude expresamente a una vulneración de la Primera Enmienda (libertad de expresión y autonomía institucional), así como al principio de no discriminación y a los derechos de debido proceso que amparan a los estudiantes extranjeros.
A la espera de la vista judicial del próximo 27 de mayo, esta resolución representa un respiro temporal para la universidad.
