Los cuatro periodistas de El País que publicaron que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estaba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía han declarado hoy ante el Tribunal Supremo que su fuente no fue la Fiscalía General del Estado, sino fuentes fiscales de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
Los cuatro redactores que han comparecido han sido son el subdirector José Manuel Romero; el redactor jefe de la sección de Madrid, Luis Gómez; la jefa de esta sección, Berta Ferro; y el redactor Fernando Peinado.
Los informadores han comparecido como testigos ante el magistrado Luis Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un supuesto delito de revelación de secretos.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, los periodistas han ratificado el acta notarial que acredita el contenido de los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados con el abogado Carlos Neira, defensor de González Amador.
En concreto, han confirmado que conocían desde el 12 de marzo a las 13:30 la existencia de un correo del letrado —enviado el 2 de febrero de 2024— en el que se proponía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
Según publica El País, Romero fue quien contacto «con un trabajador de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid» para contrastar el mensaje que «la presidenta madrileña había publicado en la red social X en el que denunciaba que la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, responsable del departamento que había presentado la querella contra su pareja, había sido antes directora general en el Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero«.
Es decir, 31 horas antes de que el fiscal general ordenara recuperar ese mismo correo, lo que desmontaría la tesis de que fue la Fiscalía General quien filtró la información.
Los periodistas han afirmado que no tuvieron acceso directo al correo, pero sí a su contenido, que fue reflejado en el reportaje publicado el 20 de marzo en El País bajo el título: “Las pruebas de un ‘secreto’ difundido al menos 31 horas antes de que lo reclamara el fiscal general”.
En ese artículo, se detallaba que la información procedía de fuentes fiscales del TSJ de Madrid y de la Audiencia Provincial, no de la cúpula del Ministerio Público.
Durante su declaración, también han confirmado que mantuvieron conversaciones con el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, la noche del 13 de marzo, que no constan en el acta notarial aportada hasta ahora. Tienen previsto entregar esos nuevos mensajes al procedimiento.
La declaración de los periodistas se produce en la recta final de una investigación iniciada en el TSJ de Madrid a raíz de la nota de prensa difundida por la Fiscalía el 14 de marzo, en la que se detallaba el intercambio de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto.
El caso dio el salto al Supremo en octubre, cuando el alto tribunal abrió causa contra García Ortiz, aunque descartó entonces que la nota de prensa fuera delictiva.
No obstante, las diligencias han continuado y se han ampliado a las supuestas filtraciones del contenido del correo del 2 de febrero y a la información sobre las pesquisas contra González Amador.
La Abogacía del Estado considera “especialmente relevante” el testimonio de los periodistas y el acta notarial, que probarían que la información ya circulaba antes de que la Fiscalía General interviniera.
