Dos meses después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno central hacerse cargo de más de mil menores migrantes no acompañados que solicitaron asilo en Canarias, la Administración General del Estado ha admitido que no ha evaluado individualmente ni acogido a ninguno de ellos.
“No se ha podido evaluar individualmente a ninguno de los menores porque falta documentación”, ha reconocido la Abogacía del Estado durante la vista celebrada este jueves en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.
De hecho, la audiencia, convocada para verificar el grado de cumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado 25 de marzo, para garantizar en un plazo de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de dichos menores, ha puesto en evidencia que, desde entonces, la situación de los menores no ha cambiado.
“No se ha realizado todavía ninguna medida de acogida”, ha confirmado el abogado del Estado, aunque ha señalado como medida paliativa que se han “reservado plazas” para un eventual acogimiento.
El Ejecutivo central ha argumentado que no ha actuado por falta de documentación, alegando que la ha solicitado reiteradamente a la comunidad autónoma. Sin embargo, la representante legal del Gobierno canario ha sido tajante: “Ha quedado claro que no ha cambiado absolutamente nada tras el auto del Supremo”.
Según ha sostenido, el Estado dispone ya de toda la información necesaria, que “se remite a la Policía Nacional cuando el menor manifiesta su intención de solicitar protección internacional”.
Cruce de acusaciones entre el Ejecutivo central y Canarias
El cruce de acusaciones ha sido constante durante la vista. El Gobierno de Canarias ha acusado al Ejecutivo central de intentar “dilatar” el cumplimiento del mandato judicial al presentar, justo la víspera de la vista, un borrador de protocolo “no negociado” y plagado de defectos.
“Es absolutamente imposible que ese borrador se firme y se dé cumplimiento al auto”, ha advertido la letrada, denunciando que plantea un calendario de aplicación que se alarga hasta septiembre de 2025.
El origen del conflicto se sitúa en la saturación de recursos en las islas. Canarias solicitó auxilio al Supremo al considerar que la situación era de “emergencia humanitaria”, con 1.008 menores ya identificados como solicitantes de protección internacional, cifra que hoy supera los 1.200.
Mientras tanto, siguen llegando nuevos menores: solo el miércoles llegaron 29 más, elevando el total a unos 5.600.
La Abogacía del Estado ha rebajado esa cifra: “Tras cruzar datos con el Ministerio del Interior, tenemos constancia de 726 menores solicitantes de asilo”.
Además, ha alegado que los actuales centros de acogida están diseñados para adultos y que “no existen infraestructuras adecuadas ni personal capacitado” para atender a menores las 24 horas, como exige la ley.
No obstante, el Gobierno asegura haber asegurado 45 plazas en centros no especializados en menores y anunciado la creación de otras 150. También ha presentado un “mero borrador” de protocolo para encauzar la asistencia, aunque sin plazo inmediato de aplicación.
El mandato judicial es firme
Desde Canarias, la crítica ha sido rotunda: “Cada día que ha pasado desde que el Supremo se pronunció, los menores han permanecido bajo tutela del Gobierno canario sin que se haya hecho nada por parte de la Administración del Estado”.
La letrada ha recordado que el mandato judicial es firme, ya que el recurso presentado por el Estado fue posteriormente retirado.
En los últimos dos años, Canarias ha creado 83 centros para atender a los menores llegados solos a sus costas. “Si la comunidad autónoma ha sido capaz, se presupone que la Administración del Estado podrá hacerlo también”, ha zanjado su representante.
Además, ha asegurado que han puesto «toda su voluntad» en la colaboración y ha acudido a las reuniones con el Gobierno central. No obstante, ha recalcado que en las conferencias sectoriales no se ha abordado el mandato del Supremo.
