El defensa del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo libre y definitivo de la causa abierta contra su defendido por la supuesta filtración de información sobre una propuesta de conformidad penal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en una causa por presunto fraude fiscal.
Según el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la investigación «no ha conseguido aportar pruebas incriminatorias directas» contra García Ortiz, mientras que sí ha reunido «abundante material exculpatorio».
La Abogacía del Estado sostiene que el procedimiento responde a una estrategia política y procesal «cuidadosamente dirigida a presentar una versión deformada de los hechos».
La querella, añade, “suprime de forma deliberada toda circunstancia que pudiera desmentir o matizar el relato incriminatorio”, y presenta al denunciante como “un simple particular”, cuando en realidad gozaba de notoriedad pública “derivada de su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
El escrito también detalla que la información objeto de controversia ya circulaba entre periodistas al menos 24 horas antes de que el Fiscal General tuviera acceso a ella.
Y remarca que “no existe constancia alguna” de que participara en la difusión de los correos o documentos reservados, apuntando en cambio al entorno de González Amador —incluido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso— como posible origen de la filtración.
“Inexistencia de relevancia penal”
La defensa subraya la “inexistencia de relevancia penal” de los hechos investigados, argumentando que, conforme a la doctrina del Supremo, la información pierde su carácter secreto una vez divulgada a periodistas.
En ese sentido, afirma que cualquier implicación de García Ortiz sería “atípica”, ya que los datos eran ya de dominio público y ampliamente difundidos en medios y redes.
Sobre el borrado de datos del móvil del Fiscal General, la defensa lo califica como una actuación “legítima y escrupulosa con el derecho a la protección de datos”, sin que constituya indicio alguno de delito.
Señalan al entorno del novio de Ayuso
El texto concluye que “resulta altamente verosímil” que la información sobre la propuesta penal —incluida la admisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental— fuera conocida por el periodista que la publicó a través del propio González Amador y de personas de su entorno más cercano.
Por todo ello, la defensa de Fiscal General reclama el archivo definitivo de la causa, destacando que la investigación ha acreditado que la filtración se produjo por vías ajenas a la Fiscalía.
