Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han acusado a la mayoría progresista de “dar la espalda a la UE” y de actuar al margen de las obligaciones impuestas por el derecho comunitario.
Así lo han expresado en un voto particular al que ha tenido acceso Confilegal, en el que censuran duramente la resolución mayoritaria que rechazó las peticiones del Partido Popular y del Senado de paralizar la tramitación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley hasta que el TJUE se pronunciase sobre las cuestiones prejudiciales ya planteadas por otros tribunales españoles, o hasta que el propio TC formulara una propia.
El Pleno decidió que “no ha lugar” en este momento procesal a abrir un trámite de audiencia para valorar el planteamiento de una cuestión prejudicial. Sin embargo, matizó que esta decisión no prejuzga lo que se pueda resolver en el futuro “sobre la necesidad de posponer el dictado de sentencia”, si así lo justificase una “razón jurídica”, ni sobre una eventual consulta al TJUE en el marco de la deliberación sobre el fondo del recurso.
Quieren que se pronuncie antes al TJUE
No obstante, para los tres magistrados disidentes, esta postura resulta inaceptable. “Resulta totalmente incomprensible que la mayoría haya decidido desestimar la petición de las partes de plantear una cuestión prejudicial y resolver la constitucionalidad de una norma como la ley de amnistía incumpliendo la obligación que le impone el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, apartado 3”, sostienen.
Recuerdan que dicho precepto obliga a los órganos jurisdiccionales cuya decisión no puede ser objeto de ulterior recurso a consultar al TJUE cuando surgen dudas sobre la interpretación del derecho europeo.
“Ignorar el Derecho de la Unión en el supuesto que nos ocupa, en el que está en cuestión el Estado de Derecho, un valor fundacional que define la propia identidad de la Unión, y decidir que no es necesario plantear una cuestión prejudicial, supone no solo negar la fuerza vinculante que tiene el Tratado de la UE sino, lo que es más grave, pone de manifiesto la decisión deliberada de la mayoría de dar la espalda a la UE y a su Tribunal de Justicia”, denuncian.
Los magistrados lamentan que, pese a la gravedad del asunto —una norma nacional que, aseguran, cuestiona por primera vez en cuatro décadas los “cimientos constitucionales” del país y de la propia Unión Europea—, la mayoría del tribunal haya optado por “olvidar este compromiso en vez de cooperar con el TJUE en aras de salvaguardar los principios democráticos que compartimos y que nos unen”.
Según explican, la resolución aprobada en el último Pleno ignora la solicitud que ya habían realizado el pasado 12 de mayo para incorporar al orden del día un debate jurídico sobre la pertinencia de la cuestión prejudicial o la posibilidad de suspender el procedimiento hasta que el TJUE se pronuncie.
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
“Esa petición es una facultad que nos otorga la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ha sido soslayada mediante un acuerdo presidencial que no solo carece de soporte legal alguno, sino que ha tenido como única finalidad impedir que los magistrados de este Tribunal puedan expresar su parecer sobre la necesidad de solicitar la cooperación del Tribunal de Justicia”, critican.
Advierten de la existencia de “dudas evidentes” sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión, lo que, en su opinión, impide resolver el recurso sin acudir antes a una consulta europea o sin esperar al pronunciamiento del TJUE sobre las cuestiones ya presentadas.
En definitiva, Arnaldo, Espejel y Tolosa acusan a la mayoría progresista de desestimar “indebidamente” la petición expresa de los recurrentes y del Senado, formulada —afirman— en un momento procesal correcto. “La mayoría deja de lado el compromiso y las obligaciones que asumimos al integrarnos en las entonces Comunidades Europeas como Estado miembro”, lamentan.
ACUSAN A PUMPIDO DE NO DEJAR QUE SE EXPRESEN
Los magistrados también se quejan de que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, no atendiera su petición de que el Pleno debatiera su solicitud de acudir al TJUE o al menos paralizar el debate sobre la amnistía hasta que se pronunciara.
Sobre esto, critican que Conde-Pumpido ventilara su petición con un «acuerdo presidencial que no solo carece de soporte legal alguno, sino que ha tenido como única finalidad impedir que los magistrados de este tribunal puedan expresar su parecer sobre la necesidad de solicitar la cooperación del TJUE».
«A nuestro parecer, con esta respuesta se confunde lo que es la facultad que ostenta el presidente del TC, que puede adoptar acuerdos de contenido gubernativo, con las facultades jurisdiccionales que solo corresponden al Pleno, o, en su caso, a las Salas y Secciones de este tribunal», afirman.
Además, recuerdan que a iniciativa únicamente de Conde-Pumpido el pasado abril el Pleno deliberó sobre la posibilidad de impedir que un tribunal español acudiera al TJUE para desoír una sentencia del TC. Los magistrados plantean que, si se puede deliberar solo por la mera voluntad de un magistrado, también debería poderse cuando lo piden tres. «De lo contrario, el presidente monopolizaría la necesidad de adoptar decisiones jurisdiccionales de gran importancia», deslizan.
Suman que, «con el planteamiento de una cuestión prejudicial, se evitaría que se reprodujese la controversia» que surgió cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por un caso de VTC, y la Audiencia Provincial de Sevilla, por el ‘caso ERE’, anunciaron que acudirían al TJUE, lo que dio lugar a que Conde-Pumpido llevara dicho debate al Pleno, donde no encontró respaldo, tampoco de la mayoría progresista.
