La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figura clave en una supuesta red de adjudicaciones irregulares de obra pública y cobro de comisiones, según un extenso informe de 490 páginas entregado al Tribunal Supremo en el marco del conocido como ‘caso Koldo’.
Los investigadores no solo destacan su papel como mediador entre empresas adjudicatarias y altos cargos del Ministerio de Transportes, sino que también deslizan indicios de una posible financiación irregular del PSOE.
Según el documento, la trama se habría iniciado en Navarra en 2015 con Cerdán y Koldo García —exasesor ministerial— y habría escalado con la incorporación de José Luis Ábalos como ministro de Transportes.
El informe sostiene que, con el salto al ámbito nacional, se consolidó “la adjudicación a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas, Acciona entre otras, así como el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas”.
La UCO describe una estructura “jerarquizada”, donde Cerdán ejercía inicialmente una posición de dominio sobre García.
El poder habría cambiado de manos con la llegada de Ábalos al Gobierno, aunque Cerdán habría seguido actuando como “gestor de pagos”, canalizando presuntas mordidas que, según los agentes, alcanzarían los 620.000 euros. De esa cantidad, 450.000 euros estarían todavía pendientes de cobro, según se desprende de varias conversaciones intervenidas.
“Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”, le dice Cerdán a Koldo en una de esas charlas, en referencia a las cantidades presuntamente adeudadas. En otra conversación, Koldo insiste en que el propio Cerdán era la persona clave para conseguir el dinero: “Necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar [Puente] le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen”.
Nombramientos estratégicos
El informe también menciona que el hasta ayer número 3 del PSOE, Santos Cerdán, buscó influir en nombramientos estratégicos dentro del Ministerio de Transportes.
Según la UCO, pidió cesar al entonces secretario de Estado Pedro Saura —que se oponía a ciertas adjudicaciones— y promover a altos cargos como Isabel Pardo de Vera (Adif) y Javier Herrero (Carreteras), “cuya participación en la presunta adjudicación irregular de licitaciones públicas habría sido determinante”.
Uno de los elementos más delicados del informe es la posible implicación del PSOE como organización. La UCO recoge una conversación en la que Koldo avisa a Herrero de que “iban a llamarle de la Gerencia del partido para pedirle el impuesto”, lo que podría implicar que la estructura del partido estaba al tanto o incluso participaba en el circuito económico derivado de las adjudicaciones.
Además, se atribuye a Cerdán haber ordenado la introducción de votos fraudulentos en las primarias socialistas de 2014, en las que Sánchez se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Un hecho que los investigadores no consideran anecdótico: “Es como argumentar que los más de 600.000 euros que gestionaba son una minucia frente a los presupuestos públicos”.
Reparto de comisiones por adjudicaciones a LIC y OPR
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción investiga contratos adjudicados a las constructoras OPR y LIC en distintos puntos del país. Según el Ministerio Público, Koldo recibió pagos mensuales de entre 1.300 y 2.600 euros a cambio de facilitar contratos en Asturias, Andalucía, Galicia y Teruel.
La UCO considera que esta red funcionó hasta la caída del tándem Ábalos-Koldo, tras lo cual Cerdán habría ascendido a una posición de mayor poder. “Coño, ¡hay que parar el ruido!”, llegó a decir Cerdán a Koldo al conocer que pedía dinero a empresas pequeñas, lo que, según los agentes, refleja su preocupación por el impacto en el partido.
El Tribunal Supremo deberá ahora valorar si existen indicios suficientes para investigar a Cerdán y, eventualmente, al PSOE como persona jurídica, por su posible implicación en una estructura de cobros y favores que, según la UCO, “trasciende a simples conductas individuales”.
