El auto señala que el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE podrían haber participado en un sistema de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la causa contra el exministro y actual diputado José Luis Ábalos, ha dictado un auto de 46 folios en el que autoriza a la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias y bienes de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, excluyendo aquellas vinculadas al partido y a la Fundación Pablo Iglesias.
La resolución, fechada este jueves, permite a la Unidad Central Operativa (UCO) acceder a cuentas bancarias, productos financieros, bienes inmuebles y vehículos en los que Cerdán figure como titular, autorizado o representante. Asimismo, se requiere información tributaria con el fin de analizar su situación financiera.
La investigación también se extiende a cinco empresarios, citados como investigados, y a sus empresas. En total, se examinarán cerca de 500 cuentas bancarias. El juez ha citado a los empresarios entre el 4 y el 7 de julio: Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola. Según el auto, podrían haber intervenido en la adjudicación indebida de obras públicas a cambio de contraprestaciones económicas.
Acceso al correo de Santos Cerdán
El juez ha requerido al ministro de Transportes que facilite el acceso a la cuenta de correo corporativa de uso personal del exministro Ábalos. También se ha solicitado al PSOE que permita el acceso a las instalaciones del partido para clonar el contenido del correo corporativo utilizado por Cerdán.
Según el informe de la UCO, el correo habría sido empleado por Koldo García Izaguirre, también investigado, para enviar comunicaciones relevantes. El magistrado ha ordenado que se facilite cualquier otra cuenta corporativa empleada exclusivamente por Cerdán.
Estas diligencias se adoptan tras la renuncia de Cerdán a su escaño y, por tanto, a su aforamiento. En consecuencia, su declaración será obligatoria y tendrá lugar el 30 de junio, tras una petición de su nueva defensa para preparar adecuadamente su estrategia jurídica.
El auto sostiene que la competencia del Supremo se mantiene por el aforamiento de Ábalos, y se extiende a quienes estén implicados en hechos “indisociablemente vinculados” al exministro. En este sentido, Puente apunta a Cerdán como posible colaborador en la distribución de comisiones obtenidas de adjudicaciones irregulares de obra pública.
Además de las cuentas personales de los empresarios, se investigarán las vinculadas a sus compañías —entre ellas, Acciona Construcciones, S.A., L.I.C., O.P.R. y Servinabar 2000— y a la fundación FIADELSO, relacionada con Ábalos.
El juez ha denegado la solicitud de la defensa de Cerdán para que se entregue de inmediato el original de un contrato de compraventa de participaciones de Servinabar 2000, firmado por Cerdán y el empresario Alonso. El documento, fechado el 1 de junio de 2016, refleja la transferencia de 1.350 participaciones.
El magistrado ha recordado que los documentos privados no pueden cotejarse notarialmente, aunque ha ordenado que se remita una copia a las actuaciones antes de la declaración de Cerdán.
Por último, el juez ha rechazado la petición de la acusación popular para registrar el domicilio personal y el despacho profesional de Santos Cerdán. Considera que no existe en este momento un riesgo inminente de destrucción de pruebas que justifique una medida de esa naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que el investigado ya conocía la existencia de la causa desde hace varios días.
