El magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de todo, es positivo: el CGPJ está cumpliendo con creces la ley de paridad, señalando que actualmente el 43 % de las magistradas nombradas en cargos importantes son mujeres, y que se ha doblado el número de juezas en el Alto Tribunal. En la imagen, Arozamena durante el debate que mantuvo con Juan Carlos Campo. Foto: Confilegal.
Ángel Arozamena, vocal del CGPJ reconoce que “hay un sesgo asociativo» en los nombramientos: «la estadística lo demuestra”
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25/6/2025 00:45
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Actualizado: 25/6/2025 00:59
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El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángel Arozamena, aseguró que en los meses que lleva en el CGPJ aprecia un «sesgo asociativo» en los nombramientos en la carrera judicial. En su intervención durante la II Batalla Jurídica, donde mantuvo un «duelo» jurídico con el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, explicó que, a pesar de los esfuerzos por introducir criterios objetivos, las estadísticas muestran una clara sobrerrepresentación de algunas asociaciones judiciales frente a otras.
En su intervención durante la II Batalla Jurídica, donde mantuvo un «duelo» jurídico con el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, explicó que, a pesar de los esfuerzos por introducir criterios objetivos, las estadísticas muestran una clara sobrerrepresentación de algunas asociaciones judiciales frente a otras.
Arozamena, reconoció que «el nombramiento de magistrados se hace por los 20 vocales y la presidenta, previo estudio de la comisión de calificación de los currículum y las entrevistas, que hemos reducido. Lo han explicado mis compañeros con ganas de acertar, pero es inevitable reconocer que hay un sesgo asociativo, es inevitable, porque la estadística lo demuestra”.
Eso sí destacó que el CGPJ está cumpliendo con creces la ley de paridad, señalando que actualmente el 43 % de las magistradas nombradas en cargos importantes son mujeres, y que se ha doblado el número de juezas en el Tribunal Supremo.
A pesar de estos logros, insistió en que “hay cosas que mejorar” y que no se puede prescindir de los jueces no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial.
Durante el intercambio de opiniones se abordó con franqueza cuestiones tan espinosas como la percepción ciudadana de la independencia judicial, el modelo de elección del CGPJ, el peso del asociacionismo, la justicia mediática y la instrumentalización política de la justicia.
Ambos coincidieron en el diagnóstico general: la justicia en España atraviesa una crisis de confianza, alimentada por la percepción de politización, la lentitud estructural del sistema y el creciente poder de los medios y redes sociales en la formación de opinión pública. Sin embargo, discreparon en los matices y posibles soluciones.
Una justicia bajo sospecha
En el tema sobre Ángel Arozamena abrió fuego apelando directamente al corazón del debate: la pérdida de confianza ciudadana. “Vivimos tiempos en los que las instituciones supuestas aprueban cada día.
El Poder Judicial, que es angular de cualquier Estado democrático, no escapa a la tensión política ni al juicio constante de la opinión pública”, afirmó. Citó encuestas que reflejan una fuerte desconfianza: “Cuando se plantea esa misma pregunta a la ciudadanía española, los datos son malos y han ido a peor”.
En esta misma línea, Campo reforzó el diagnóstico con una reflexión más estructural: “La percepción de la justicia está inmersa en una enorme crisis de confianza y legitimidad, no solo de la justicia, sino del sistema democrático”.
Señaló como causa una pérdida de fe generalizada en los poderes públicos en Europa y Estados Unidos. “No nos engañemos. La gente nunca ha tenido una confianza ciega en la justicia. Lo que sí ocurre hoy es que quien acude a ella tiene mejor percepción, pero eso no basta para restaurar la legitimidad institucional”.
Ambos magistrados coincidieron en denunciar la percepción ciudadana de que la justicia se ha convertido en un arma arrojadiza entre partidos.
“¿Alguien duda de que los procedimientos judiciales están siendo utilizados con fines políticos?”, preguntó Campo. “El procedimiento contra un adversario político se convierte en un arma de destrucción masiva, y si además la justicia es lenta, esa persona queda políticamente enterrada”.
Arozamena compartió la preocupación: “El 87% de los encuestados cree que los políticos tratan de influir sobre el poder judicial. Y el 90% opina que esto daña gravemente nuestra democracia”.
Sistema de elección del CGPJ
El debate alcanzó uno de sus puntos más técnicos y controvertidos al abordar el sistema de elección del CGPJ. Juan Carlos Campo defendió el modelo actual de “doble legitimación” surgido del Pacto de Estado de 2001: “Es un sistema perfecto. Los jueces eligen a los candidatos y luego las Cámaras los votan. No hay quiebra institucional”.
Sin embargo, admitió que las dinámicas asociativas distorsionan el equilibrio: “Cuando la mitad de la carrera judicial no está asociada, el sistema representa solo a una parte, lo que genera sesgos”.
Arozamena, por su parte, se mostró crítico con la incapacidad de alcanzar una reforma consensuada. “Durante seis meses elaboramos un informe para una posible modificación del sistema de elección de vocales. No hubo acuerdo. Hay un documento con dos soluciones y sin consenso. Así es la realidad”, explicó.
Reconoció que el modelo parlamentario vigente desde 1985, pese a sus críticas, sigue siendo funcional: “El modelo resiste críticas, pero es cierto que existe un sesgo asociativo evidente”.
Arozamena señaló con claridad los datos del problema: “Francisco de Vitoria, con más de 900 jueces afiliados, solo ha tenido un vocal en 50 años (Manuel Torres Vela). La Asociación Profesional de la Magistratura domina la representación y eso no refleja la pluralidad real de la carrera”.
Independencia judicial
El vocal del CGPJ recordó que “la sociedad no puede desconfiar de sus jueces” y apeló a la responsabilidad institucional de proteger su independencia: “Nuestra Constitución reclama jueces competentes, disciplinados, que abracen sin fisuras la cultura de la imparcialidad”.
Campo concluyó con una hoja de ruta clara: “La percepción ciudadana solo cambiará si reformamos el sistema para que la justicia sea ágil, transparente y eficaz. Y si, al mismo tiempo, actuamos con rigor desde la política, los medios y las instituciones”.
La justicia mediática y el juicio anticipado
Uno de los momentos más agudos del debate giró en torno a la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la percepción judicial. el ex ministro de Justicia y magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo alertó: “A mí ya no me preocupa tanto el juicio paralelo como el juicio anticipado, el que se hace antes incluso de que se celebre el juicio real. Eso está haciendo mucho daño a la justicia”.
Arozamena se mostró igualmente crítico: “Durante semanas vemos en los medios a una persona investigada y, si dos años después es absuelta, la noticia ocupa dos líneas en una página interior. Esa es la llamada ‘pena de banquillo‘. Y eso perjudica la imagen de neutralidad judicial”.
Ambos coincidieron en que la desinformación, la falta de filtros y la viralización de contenidos en redes suponen una amenaza real al derecho a un juicio justo. Campo, además, subrayó la necesidad de distinguir entre opinión e información: “Si mezclamos ambas cosas, el ciudadano ya no sabe qué está leyendo. Eso mina la credibilidad democrática”.
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