La Guardia Civil ha entregado al magistrado instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, una copia del contrato privado de compraventa por el que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría adquirido el 45% de Servinabar 2000 S.L., una de las empresas bajo sospecha en la presunta trama de adjudicaciones irregulares en Navarra.
El precio: 6.000 euros por 1.350 participaciones, según consta en el documento firmado el 1 de junio de 2016 por Cerdán y por el administrador único de la mercantil, Joseba Antxón Alonso Egurrola.
Este contrato fue localizado por la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del domicilio de Alonso Egurrola. En su informe, los investigadores subrayan que Servinabar habría sido adjudicataria de contratos públicos en Navarra por más de 75 millones de euros.
El oficio remitido al Alto Tribunal responde al requerimiento expreso del magistrado Puente, encargado de investigar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el supuesto cobro de comisiones.
La UCO, en cumplimiento del mandato, aporta una copia del contrato “firmado en sus cuatro páginas y con el sello de la sociedad estampado en la última hoja”.
El documento especifica que Alonso Egurrola, como titular de 3.000 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, vende 1.350 de ellas a Santos Cerdán, quien las adquiere “libres de cargas” y con el pago completo ya reconocido por el vendedor. Ambas partes aceptan someter cualquier litigio a los tribunales de Navarra.
La defensa: “un contrato sin efectos”
Desde la defensa de Cerdán se ha intentado desactivar el peso jurídico del hallazgo. Aseguran que no se trata de una escritura pública, sino de un mero contrato privado “sin validez jurídica” y que “nunca tuvo efectos”.
Subrayan que Servinabar ya comunicó públicamente que Cerdán “no ha formado parte de la empresa ni ha percibido cantidad alguna derivada de su actividad”.
El abogado de Cerdán solicitó la remisión urgente del documento para cotejar su autenticidad y preparar la declaración prevista ante el Supremo el próximo lunes. Según su entorno, será entonces cuando ofrezca “todas las explicaciones necesarias”.
El informe que lo señala
El vínculo de Santos Cerdán con la investigación se remonta al llamado ‘Informe Cerdán’, elaborado por la UCO. En él, se le sitúa como figura clave en una red que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Según la Guardia Civil, el papel de Cerdán evolucionó: primero como actor relevante, luego como gestor de pagos y, finalmente, retomando protagonismo.
Las comisiones supuestamente percibidas por Ábalos y Koldo García, gestionadas por Cerdán, superarían los 620.000 euros solo en lo relativo a Acciona. Según los investigadores, aún faltarían por abonar otros 450.000 euros.
Los hechos se remontan a 2015 y tendrían como epicentro Navarra, donde Cerdán y Koldo mantenían una estrecha relación política. Uno de los puntos clave fue la adjudicación relacionada con una explotación de potasa gestionada por Geoalcali, que participaba en una UTE junto a Servinabar.
El informe pone el foco en la “discrecionalidad” de las adjudicaciones del Ministerio de Transportes. La UCO destaca una conversación intervenida en la que Koldo señala que Ábalos habría recibido 550.000 euros por contratos en Murcia y que aún se le debían otros 450.000.
Cerdán, siempre según la transcripción, se mostró dispuesto a cubrir el resto: “Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo”.
La declaración de Cerdán ante el Supremo podría despejar —o no— las dudas sobre su verdadero papel en esta compleja red de intereses públicos y privados.
