La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la huelga iniciada ayer por la mayoría de asociaciones judiciales y fiscales.
La UPF, asociación de la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue presidente, insiste: no respalda el paro de tres días. Cree que no es el cauce adecuado para abordar las reformas que impulsa el Gobierno.
«Solicitaremos formalmente una reunión urgente con el ministro cuando finalice la huelga, para trasladarle directamente nuestras posiciones», ha anunciado la asociación en un comunicado.
El paro, convocado para los días 1, 2 y 3 de julio, ha contado con el respaldo de todas las asociaciones del sector las «progresistas» Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la propia Unión Progresista de Fiscales.
El rechazo se dirige contra dos anteproyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y fiscal y atribuyen al Ministerio Público la dirección de la instrucción penal.
Las asociaciones convocantes lo consideran una amenaza a la independencia judicial y subrayan que están siendo impulsadas por el procedimiento de urgencia sin ninguna razón que lo justifique.
El ministro Bolaños, por su parte, ha afirmado que las reformas son “imprescindibles” para modernizar el sistema de Justicia.
La UPF, sin embargo, discrepa: sostiene que los textos no ponen en riesgo el Estado de Derecho ni la independencia del poder judicial. Considera que exigir su retirada total sería renunciar a avances clave.
Entre ellos: la creación de un centro público de preparación de oposiciones accesible desde cualquier punto de España, el blindaje legal de becas para opositores, o la reforma del examen de acceso —que actualmente premia la memoria sobre la capacidad práctica.
“¿Por qué genera desconfianza introducir un caso práctico si el tribunal es independiente y el Gobierno no participa en su nombramiento?”, se pregunta la UPF. “¿Por qué se teme una filtración, cuando en más de veinte años nunca ha ocurrido con el test?”
La asociación también defiende otras medidas que los convocantes rechazan: como prohibir la financiación privada de las asociaciones fiscales o permitir que los fiscales asuman la investigación penal, un paso que en Europa es ya norma.
Para la UPF, el verdadero problema no está en las reformas, sino en la precariedad estructural de la Justicia. “Los medios materiales y personales son ridículos”, denuncia. Y añade: apoyar la huelga sería trasladar un mensaje de desconfianza a la sociedad sobre la capacidad del Ministerio Fiscal para asumir nuevas funciones.
“No participaremos en un debate tóxico donde se deslegitima el diálogo. Lo que está en juego no es una ley puntual, sino un nuevo modelo penal que debe servir para medio siglo. ¿No merece la pena un esfuerzo de encuentro?”, plantea la asociación.
Con todo, la UPF aclara que no respalda sin reservas los proyectos legislativos. Por eso pide que el Congreso escuche a todas las asociaciones en comisión, aunque la ley no lo imponga de forma obligatoria. “Debe hacerse si así lo decide la Mesa o la comisión correspondiente”, recuerda.
La UPF concluye con una posición firme: frente al choque, apuesta por el entendimiento. “Rechazamos la confrontación cortoplacista. Apostamos por el diálogo institucional y parlamentario para construir, entre todos, una justicia independiente, moderna y eficaz. La que la sociedad española merece”.
