Un puñado de jueces y fiscales jóvenes lo han visto claro: el estado de derecho peligra con las reformas proyectadas. Y la única salida es la huelga. Han conseguido reunir en muy poco tiempo 1800 adhesiones y todas las asociaciones judiciales y fiscales , salvo las autodenominadas progresistas, se han puesto al frente de esta reclamación.
Lo primero que hay que señalar es que el proyecto no soluciona ni uno solo de los graves problemas que tiene nuestra justicia.
Que nadie espere encontrar aquí las reformas que nos pide Europa: supresión de magistrados autonómicos, elección judicial de los vocales del Consejo, objetivación de nombramientos discrecionales o reducción de aforamientos, entre otras.
Todas ellas de triste actualidad hoy y que deberían ser objetivo prioritario y urgente de un gobierno que pretenda enfrentarse a la corrupción. Pero no se trata de eliminar los privilegios de la clase política sino de incrementarlos, como veremos.
No hay defensores del proyecto
No busquen ningún defensor del proyecto. He hablado con compañeros que no harán la huelga y no he encontrado a nadie que defienda esta reforma sin ponerle ningún matiz importante. No hay justificación para la urgencia ni la falta de consenso.
Ni para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal sin modificar el resto de las profesiones jurídicas. El proyecto de estabilización de los jueces sustitutos es rechazado por todas las asociaciones judiciales por los mismos motivos.
La introducción de una nueva fase de preparación pública de las oposiciones (al margen de su necesidad) tiene un grave inconveniente: depende del ejecutivo y eso contraviene estándares europeos de protección de la independencia judicial. Público si, dependiente del ejecutivo no.
Eliminar un examen teórico de la mitad del temario es reducir la preparación de los jueces en dos años. ¿Que diríamos si se reduce en dos años la formación de un médico?
Los opositores son jueces en formación, con la particularidad de que se forman en sus casas. Jueces y fiscales menos formados por la vía de urgencia en nombre de la excelencia. Otro grave retroceso.
Aumentar y politizar el cuarto turno
No he oído a los jueces progresistas elevar la voz sobre esto. Me indigna particularmente. Se reconocen cinco años de antigüedad a los jueces del cuarto turno para que puedan presentarse a los nombramientos discrecionales ¡sin cambiar el sistema de nombramientos! que, como todos sabemos, se cocina entre Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura. Es un retroceso vergonzoso.
Politizar la comisión de ética. Esa comisión que reconoce a los jueces el deber de alzar la voz contra los ataques a la independencia judicial. Se pretende introducir en ella nada menos que cuatro catedráticos de ética nombrados por el Parlamento. ¡Cuatro!
Limitar la participación de los jueces en los pocos procesos electivos que tenemos. Ya no podemos votar a seis candidatos, solo a uno. ¿En nombre de que? No defiendo el sistema mayoritario, pero quiero poder elegir. Hay otras formas.
Ensañamiento con los opositores
Son, aproximadamente, 4.500 que luchan por 200 plazas anuales e invierten en un examen casi cinco años de media.
El Consejo General del Poder Judicial ha pedido para ellos que las reformas se retrasen cuatro años para que puedan adaptarse razonablemente al nuevo sistema. Pero el proyecto establece un plazo de entrada en vigor de cinco meses.
Opositores que están viendo que, para los jueces sustitutos, se crean 1004 plazas de golpe. Y para ellos el aumento de plazas es siempre y desde hace años una promesa incumplida.
Para los Fiscales, el proyecto de estatuto limita su escasa capacidad de actuación y fortalece la del Fiscal General del Estado. De los dos proyectos, este es el mas dañino para la separación de poderes, si puede establecerse un término de comparación.
EL Gobierno, después de presentar el proyecto que suprime de facto la acusación popular, ahora plantea, suprimir de facto el consejo Fiscal- único órgano electivo de los fiscales que ha realizado una mínima función de contrapeso en estos años-.
Desde luego, no da puntada sin hilo.
La independencia de los fiscales, en tela de juicio
Como señala el CGPJ en su informe, no hay ninguna referencia a la necesaria independencia de los Fiscales en el proyecto de estatuto.
Fiscales que podrán recibir instrucciones particulares en el ejercicio de sus funciones- como las reciben ahora-y que tendrán serias dificultades para discutir dichas órdenes- como las tienen ahora-.
Estos fiscales, hoy, están luchando por poder cumplir sus funciones y no ser meras correas de transmisión de los intereses del ejecutivo de turno. Este y el que venga. La lucha contra la corrupción afecta a todos los partidos políticos. Ciudadanos y políticos iguales ante la ley. Eso es lo que está en juego.
Estos proyectos están ya en el Parlamento. Se tramitan por la vía de urgencia y tienen como finalidad indisimulada, disminuir contrapesos y aligerar el control de jueces y fiscales sobre los abusos del poder.
El sistema de garantías y controles de la justicia en España ha sido construido sobre la base del esfuerzo individual de muchas personas durante los últimos 40 años. Lo dábamos por hecho. Y no es así.
Hay que defenderlo.
