El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado los recursos interpuestos por el Instituto Cervantes y el Reino de España contra la decisión de la Comisión Europea de adjudicar en primer lugar al grupo belga Centre de Langues-Allingua (CLL) el contrato-marco para la enseñanza del español a instituciones europeas.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Comisión Europea lanzó una licitación para contratar servicios de formación lingüística para las instituciones, agencias y órganos de la UE.
El contrato estaba dividido en ocho lotes, y el lote 3, centrado en el aprendizaje del español, recibió la propuesta del Instituto Cervantes, entre otros licitadores.
La adjudicación se basó en dos criterios: el precio (30 %) y la calidad (70 %). Según el informe de evaluación de marzo de 2021, el grupo CLL obtuvo la mejor puntuación total (88,89/100), seguido del Instituto Cervantes (87,40/100).
Aunque el Cervantes presentó una oferta más económica (2,67 millones de euros frente a los 3,47 millones de CLL), este último recibió una puntuación significativamente más alta en calidad (94 frente a 82).
Tras ser notificado del resultado, el Instituto Cervantes solicitó información adicional sobre la oferta ganadora. La Comisión facilitó los detalles solicitados, incluidos los comentarios del comité evaluador sobre los criterios de calidad.
Sin embargo, surgió una disputa respecto al contenido de la propuesta técnica del Instituto Cervantes, ya que incluía elementos accesibles únicamente mediante hipervínculos insertados en la oferta electrónica.
La Comisión los rechazó por no cumplir con el pliego de condiciones y por el riesgo de que el contenido pudiera ser modificado tras el plazo de entrega.
Pese a que el Instituto Cervantes fue nombrado segundo contratista del lote, la institución, con el respaldo del Estado español, impugnó judicialmente la adjudicación ante el Tribunal General de la Unión Europea –la primera instancia del TJUE– que, en junio de 2023, desestimó sus argumentos.
Ambos actores presentaron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia.
Los recursos alegaban errores jurídicos, falta de motivación, vulneración de derechos fundamentales y del principio de igualdad de trato, así como una valoración arbitraria de las ofertas.
También se acusó a la Comisión de no garantizar la transparencia ni permitir verificar la autenticidad de los documentos enviados mediante enlaces electrónicos.
Sin embargo, en su sentencia de hoy, el TJUE ha rechazado todas las alegaciones y confirmado la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la Comisión.
La decisión cierra definitivamente el litigio, ratificando la validez de la adjudicación a CLL como primer contratista para el aprendizaje del español en las instituciones europeas.
