El magistrado instructor del «caso Koldo» en el Supremo, Leopoldo Puente, toma hoy declaración a Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar 2000 S.L., socio de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y exdiputado –al que envió a prisión preventiva hace una semana– por su posible implicación en una red de amaño de adjudicaciones de obras públicas, mediante supuestos pagos ilegales al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el actual diputado del PSOE Santos Cerdán.
Durante el registro del domicilio de Alonso, llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los agentes hallaron un contrato privado de compraventa de participaciones de Servinabar, fechado y firmado por el propio Alonso y el diputado Santos Cerdán.
El documento refleja que Cerdán adquiriría un 45% de la empresa por tan solo 6.000 euros. Aunque Cerdán reconoció la existencia del contrato, afirmó que nunca se formalizó y que tampoco llegó a abonar la cantidad pactada.
Según su versión, la operación fue un intento fallido de salida de la política en 2015, momento en que pensaba abandonar su carrera tras los malos resultados del PSOE en Navarra.
El contrato privado estaba completamente firmado y sellado por Servinabar, y se presentó como una pieza clave en la investigación para vincular de forma directa a un cargo político con una empresa adjudicataria de contratos públicos.
A pesar de que la defensa de Cerdán resta validez jurídica al documento, para la UCO constituye un indicio relevante de la posible relación societaria oculta entre ambos.
CONTRATOS PÚBLICOS POR VALOR DE MÁS DE 75 MILLONES DE EUROS
La investigación se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuye a Alonso un papel relevante en la adjudicación indebida de contratos públicos por valor de más de 75 millones de euros a favor de Servinabar, especialmente a través de uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona.
Entre las adjudicaciones bajo sospecha figura el túnel de Belate, una de las mayores obras públicas en Navarra en la última década.
El magistrado Puente también tomará declaración al exdirectivo de Acciona Fernando Merino, que comparece por las mismas razones que Alonso.
La declaración de Alonso se considera crucial, no solo para esclarecer la autenticidad y el alcance de ese contrato, sino también para explicar su participación en las distintas UTE con Acciona, que resultaron adjudicatarias de obras por cientos de millones de euros en diversas comunidades autónomas, como Navarra, Murcia, Andalucía, La Rioja y Cataluña.
En casa de Merino, directivo de Acciona, también se encontraron documentos que vinculan directamente a ambas empresas desde al menos 2018.
La comparecencia de Alonso ante el Supremo se da en un contexto donde otros empresarios ya han declarado, negando haber participado en pagos ilícitos. No obstante, en su caso, la documentación incautada y la estrecha relación personal con Cerdán —con quien incluso llegó a compartir piso en Madrid— sitúan su testimonio en el centro de la trama investigada.
