El empresario de Levantina, José Ruz, acompañado por sus abogados a su llegada al Tribunal Supremo. Foto: EP.
Tres empresarios del caso Koldo que supuestamente pagaron mordidas, obligados a comparecer cada 15 días ante la Justicia
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04/7/2025 15:42
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Actualizado: 04/7/2025 15:44
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El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso ‘Koldo’, ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente a los empresarios José Ruz (Levantina Ingeniería y Construcción) y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez (Obras Públicas y Regadíos).
Se les investiga por su supuesta participación en el pago de comisiones ilegales para lograr adjudicaciones públicas.
En el caso de Ruz, además, el juez ha acordado la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y a lo que se ha sumado la acusación popular.
En sendos autos, el magistrado aprecia “indicios bastantes” de que los tres pudieron beneficiarse, previo pago, de la adjudicación de contratos públicos “en colaboración con los investigados Koldo García y José Luis Ábalos”.
Los hechos investigados, según señala el instructor, podrían ser constitutivos de delitos de integración en organización criminal y cohecho activo, aunque subraya que las conclusiones son aún provisionales, dadas las primeras fases del procedimiento.
Ruz admitió contactos con Ábalos y Koldo
Durante su declaración como investigado, Ruz reconoció haberse reunido varias veces con el exministro Ábalos, incluso en su domicilio, aunque no detalló el contenido de las conversaciones.
También confirmó ante el juez que en marzo de 2022 pidió a Koldo García interceder para hablar con Santos Cerdán, a quien se refería como “El Navarro”, utilizando expresiones cifradas como “la ganadería” para aludir al PSOE.
La Guardia Civil sostiene que Ruz recibió un teléfono “seguro” de manos de Koldo García, con la palabra clave “café” para iniciar las comunicaciones, y que este último fue contratado como supuesto vigilante nocturno de obras de LIC. La UCO atribuye esa contratación al empresario Juan Carlos Etero, a quien Levantina habría compensado económicamente, en una operación que los investigadores consideran simulada.
Se detectaron pagos mensuales de 2.600 euros netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
Ruz ha negado que Koldo trabajara para su empresa y ha insistido en que no le pagó nunca comisión alguna.
Sin embargo, el juez lo sitúa como “elemento común” en la red: mantuvo reuniones con Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama —el presunto conseguidor—, e incluso informaba al primero sobre los resultados de dichos encuentros.
La contratación de la exmujer de Koldo
En cuanto a Daniel Fernández, ha reconocido ante el juez que fue Koldo quien le pidió trabajo para su entonces esposa, Patricia Uriz. Según la investigación, esta fue contratada por Áridos Anfersa —empresa vinculada a OPR— con un sueldo de 1.300 euros mensuales, entre septiembre de 2022 y junio de 2023. Fernández sostiene que solo medió en el contacto y que desconoce si Uriz llegó a trabajar efectivamente.
Tras las declaraciones, la Fiscalía solicitó medidas cautelares proporcionales: comparecencia quincenal para los tres empresarios y retirada de pasaporte en el caso de Ruz.
Estas diligencias marcan el inicio de una serie de comparecencias clave en el caso que investiga el supuesto pago de comisiones para acceder a obra pública, en el epicentro de una trama que apunta al exministro Ábalos, su asesor Koldo García y dirigentes del PSOE como Santos Cerdán.
El próximo lunes están citados Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.
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