El empresario Álvaro Romillo ha reafirmado su declaración ante el Tribunal Supremo de que entregó 100.000 euros a Luis ‘Alvise’ Pérez como contribución a la campaña electoral de su partido Se Acabó la Fiesta (SALF).
Lo ha hecho como imputado ante el magistrado de la Sala de lo Penal –y exfiscal general del Estado–, Julián Sánchez Melgar, instructor en esta causa, ratificando íntegramente la versión que ya ofreció en la Audiencia Nacional dentro del caso Madeira Invest Club (MIC), donde se investiga una presunta estafa piramidal.
“Se le han dado 100.000 euros a ‘Alvise’ y él ha testificado que no se los he dado para la campaña. Pero en todas las conversaciones aportadas consta que el dinero era para eso. Me he ratificado en todo lo que dije en la Audiencia Nacional, al cien por cien”, declaró Romillo a la salida del tribunal.
Según su testimonio, Pérez intentó vehicular el pago a través de una empresa llamada Somos Libres, que finalmente no recibió la transferencia.
De acuerdo con información aportada por la plataforma CryptoSpain, de Romillo, esta sociedad estaría relacionada con actividades de ocio nocturno y prostitución.
Romillo ha explicado que el dinero iba inicialmente destinado a promocionar “Centinel”, un proyecto vinculado al MIC, pero como dicha acción no se concretó, se asumió que la suma se destinaría a otros servicios relacionados con la actividad política de Pérez.
“No quedó definido”, ha matizado. “La política nos daba igual. Lo que queríamos era ganar dinero”.
Entrega de pruebas y nuevas diligencias
La defensa del empresario ha entregado al Supremo el contenido extraído de su teléfono móvil —incluidas conversaciones con ‘Alvise’— y un informe pericial.
A petición de la acusación popular, ejercida por el PSOE, el magistrado Sánchez Melgar, ha ordenado el volcado completo del dispositivo. Romillo deberá regresar al alto tribunal para formalizar esta entrega.
Incidentes a las puertas del Supremo
La jornada también ha estado marcada por la tensión fuera de los juzgados. ‘Alvise’, el primero en abandonar el edificio, protagonizó un encontronazo con los periodistas que terminó con la retirada de micrófonos.
Poco después, Romillo fue increpado por una persona que se identificó como afectado por el MIC: “¿El dinero cuándo va a aparecer?”, le espetó.
Romillo se limitó a asegurar que continúan trabajando para que “el procedimiento dure lo menos posible y se pueda cumplir con los contratos”, subrayando que hay “muchísima gente afectada”.
Contexto judicial: financiación, estafa y blanqueo
El Supremo investiga a Pérez no solo por un posible delito de financiación ilegal, sino también por estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La causa llegó al alto tribunal tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ante la condición de aforado del eurodiputado.
Esta ha sido la tercera vez que ‘Alvise’ comparece ante el Supremo. Ya lo hizo por otras dos causas abiertas: una por la difusión de una PCR falsa atribuida al entonces ministro Salvador Illa, y otra por el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.
En esa última declaración, el pasado 20 de junio, Pérez no negó la recepción de los fondos. Al contrario: “Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla”, dijo.
