La asociación Hazte Oír ha puesto en conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores lo que considera un «intento de fuga» del hermano del presidente del Gobierno.
David Sánchez Pérez-Castejón, que se enfrenta a un proceso penal por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal en la Diputación de Badajoz, ha obtenido un visado de reagrupación familiar para trasladarse a Japón ya que su esposa, de nacionalidad japonesa, y su hija viven allí en la ciudad de Wakayama.
El visado fue concedido el 28 de abril de 2025. Le permite permanecer en Japón durante un año, una vez entre al país.
Un proceso que llega a juicio oral
Los hechos se remontan al 30 de mayo de 2024, cuando el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz incoó diligencias previas contra David Sánchez y otros investigados.
Tras las pesquisas correspondientes, el instructor encontró «claros indicios de delito» —en terminología procesal, pruebas suficientes para sospechar que se cometieron los delitos— y dictó auto de transformación a procedimiento abreviado.
El pasado 22 de mayo, el juzgado acordó la apertura de juicio oral.
David Sánchez está acusado de haber recibido un «trato favorable» para obtener su cargo en la Diputación de Badajoz, presuntamente derivado de la posición de su hermano Pedro en el PSOE. Los delitos que se le imputan conllevan penas de prisión.
Precedentes y estrategias procesales
El caso ha tenido episodios significativos. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, también encartado en el procedimiento, intentó aforarse —es decir, conseguir que su caso se trasladara a un tribunal superior por razón de su cargo— en lo que los medios interpretaron como una maniobra para obtener un trato más favorable.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó esta pretensión por considerarla «provocada y de mala fe». De haber prosperado, David Sánchez se habría beneficiado igualmente de esta estrategia.
Un visado con interrogantes
Según las informaciones que maneja Hazte Oír, David Sánchez ha obtenido el visado japonés de reagrupación familiar y tiene hasta finales de julio para utilizarlo antes de que caduque.
La asociación señala varias irregularidades: el hermano del presidente habría solicitado el visado en el consulado japonés de Madrid en lugar del de Lisboa, pese a declarar tener residencia en Portugal.
Más relevante desde el punto de vista procesal: España y Japón no tienen tratado bilateral de extradición, lo que complicaría enormemente cualquier intento de traer de vuelta a David Sánchez si decidiera no regresar.
La petición al Ministerio
Hazte Oír, que actúa como acusación popular en el procedimiento, ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que tome las medidas necesarias para evitar la salida de David Sánchez del territorio nacional.
Su argumento: permitir que un investigado se traslade a un país sin extradición mientras se enfrenta a un juicio daría la «indudable apariencia» de trato de favor.
La asociación subraya además que David Sánchez nunca comunicó con claridad su domicilio real y que, como investigado, tiene la obligación legal de notificar al juzgado cualquier cambio de residencia, algo que al parecer no ha hecho.
Las implicaciones
Si David Sánchez se traslada efectivamente a Japón, la ausencia de tratado de extradición podría convertir su eventual regreso en una decisión puramente voluntaria.
Para Hazte Oír, esto supondría que el hermano del presidente «quede impune» y se sustraiga «a la acción de la Justicia».
La petición pone en evidencia las limitaciones del sistema judicial cuando un investigado puede trasladarse a jurisdicciones que no cooperan en materia de extradición.
También plantea interrogantes sobre si las autoridades españolas tomarán alguna medida para garantizar que David Sánchez permanezca disponible para el proceso penal que tiene pendiente.
