El magistrado Rubén Rus Vela, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, ha imputado al exministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, a 9 exaltos cargos de su Ministerio, a 19 personas más y a 7 empresas, por los supuestos delitos continuados de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El instructor afirma que, durante el último gobierno del Partido Popular, altos cargos de Hacienda impulsaron cambios en las leyes para favorecer a ciertas empresas. A cambio, estas compañías habrían pagado 779.705 euros al despacho Equipo Económico (EE), fundado por Cristóbal Montoro, del que fue presidente y consejero hasta abril de 2008.
La relevancia del caso radica en la gravedad de las acusaciones, que apuntan a una presunta estructura organizada para redactar leyes fiscales “a la carta” para beneficiar a empresas gasísticas a cambio de contraprestaciones económicas.
El caso investiga si las reformas fiscales aprobadas durante su mandato fueron “encargadas” y “pagadas” por las propias compañías beneficiadas.
La historia arranca en 2013, cuando las grandes del gas (Air Liquide, Praxair, Messer, Abelló y Carburos Metálicos) fracasaron en su intento de obtener ventajas fiscales por los cauces habituales.
El modus operandi investigado señala que, después de que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) y las empresas gasísticas intentaran sin éxito lograr reformas legislativas a través de otras consultoras y se encontraran con la negativa de la Administración, acudieron a Equipo Económico (EE), despacho fundado por Montoro
¿El encargo? Usar sus contactos para conseguir que se modificaran dos normas clave: el impuesto especial sobre la electricidad y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
DOS OPERACIONES DOCUMENTADAS
Las investigaciones documentan dos operaciones principales. En la primera, durante 2013 y 2014, las gasistas buscaron una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad sin éxito hasta que contrataron a Equipo Económico, quien en apenas un mes consiguió que sus intereses se incorporaran a la Ley 28/2014 y al Real Decreto 1074/2014.
La segunda operación se desarrolló en torno a la modificación de los epígrafes del IAE mediante la Ley 6/2018, tras otra intervención de la consultora, pese a reiteradas negativas previas de tribunales y de la Dirección General de Tributos.
En ambos casos, se documenta la participación directa de los beneficiarios en la redacción de los textos legales, los pagos canalizados a través de EE y el uso de consultoras como Ernest & Young para dar cobertura técnica a informes supuestamente vacíos de contenido real. Una subcontrata normativa encubierta.
Este caso pone el foco en un fenómeno inquietante: la privatización encubierta del poder legislativo. Cuando los borradores de leyes se redactan en oficinas privadas y se aprueban con firma ministerial, ¿quién legisla realmente?
Más allá de los delitos, el auto destapa un modelo de funcionamiento en el que las empresas no sólo influyen, sino que redactan normas. El riesgo no es solo legal, sino sistémico: convierte el marco normativo en una mercancía sujeta al poder económico.
MONTORO, PIEZA CLAVE DEL ENGRANAJE
La investigación señala a Montoro como pieza clave en el engranaje, junto a su entorno de confianza dentro del Ministerio.
Las reformas aprobadas fueron el resultado directo de este mecanismo, según el auto. El magistrado señala que los cambios favorecieron únicamente a las gasísticas, dejando fuera a otros sectores igualmente afectados por costes eléctricos altos.
La investigación sobre esta presunta trama se inició a raíz del hallazgo casual de un correo electrónico durante otra investigación. Desde el 2 de agosto de 2018 la causa estuvo bajo secreto, ahora levantado. La Fiscalía Anticorrupción asumió la competencia el 11 de octubre de 2018.
“La intervención de Equipo Económico logró presuntamente, en menos de un mes y mediando precio, la modificación consecutiva tanto de la Ley como del reglamento de desarrollo […] en beneficio exclusivo de las empresas gasistas que abonaron los pagos pactados», dice el magistrado. Se advierte un posible abuso estructural de la función pública y una sustitución de la potestad legislativa por intereses privados.
También figuran como imputados en este caso Miguel Ferré, secretario de Estado de Hacienda en el período 2011-2016; Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011-2016; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública en 2016; Diego Martín-Abril. director general de Tributos entre enero de 2012 y diciembre de 2016, y su sucesor en ese cargo, José Alberto García Valera; Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales; Rogelio Menéndez, asesor del Gabinete del ministro de Hacienda entre 2013 y 2015; José María Buenaventura, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, y Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018.
En la misma condición están los responsables de Equipo Económico Ricardo Martínez Rizo, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras, al igual que la trabajadora Covadonga Gómez.
Las personas jurídicas investigadas son Air Liquide, Abellos, Messer, Praxair (Nipon Gases) y Carburos Metálicos, así como la asociación AFGIM. Y los directivos Patrick Jozon, Teresa Rasero, Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero, Jacobina Escámez, Rubén Folgado, Karl Hauck, Francesco Maione, Ahmed Hababou, José Luis Méndez, José Luis Cañedo, Juan Palanca e Isidro Abelló.
Pocas horas después de conocerse las acusaciones, la consultora Equipo Económico negó rotundamente haber formado parte de ninguna red u organización dedicada a conseguir cambios legales en beneficio de las empresas agrupadas en AFGIM, según declaró en un comunicado.
