El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a investigar a Francina Armengol por los contratos de mascarillas durante la pandemia. La querella de Vox, presentada el 21 de octubre de 2024, no aporta elementos suficientes para justificar una investigación contra la actual presidenta del Congreso, según establece el auto ponencia del magistrado Manuel Marchena.
Los hechos denunciados
Vox acusaba a Armengol —entonces presidenta balear— junto al ex asesor ministerial Koldo García y empresarios de Soluciones de Gestión por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y falso testimonio parlamentario.
El núcleo de la denuncia se centraba en un contrato entre el Instituto Balear de la Salud (IBSALUD) y Soluciones de Gestión —empresa vinculada al presunto conseguidor Víctor de Aldama— para adquirir 1.480.600 mascarillas FPP-2 por 3.701.500 euros.
El partido de Santiago Abascal denunciaba que las mascarillas, entregadas en abril de 2020, no cumplían los estándares requeridos.
Pese a ello, según Vox, el IBSALUD emitió un certificado de conformidad posterior a conocer las deficiencias, «lo que permitió a la empresa acceder a importantes contratos públicos».
La respuesta del Supremo
El alto tribunal es tajante: abrir una investigación contra Armengol «no está en absoluto justificada con los datos que se aportan en la querella».
Además, subraya que hacerlo «podría dar lugar a una actuación en paralelo que carecería de todo sentido».
La razón es simple: la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea ya investigan estos contratos de mascarillas. Como indica el auto, «se trata de la existencia de otras investigaciones que representan el marco adecuado para acopiar aquellos elementos indiciarios que permitan esclarecer los hechos».
Una investigación más amplia
El Supremo recuerda que la investigación en la Audiencia Nacional abarca no solo el contrato balear, sino «todos los celebrados con Baleares y Canarias e incluso los contratos de suministro de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado, Adif y Secretaría de Estado de Interior por un importe total de 39.979.355 euros a la empresa Soluciones de Gestión».
El tribunal deja claro que solo si en el marco de estas investigaciones aparecieran «elementos indiciarios que incriminen al aforado, debería elevarse a esta Sala la exposición razonada».
La decisión del Supremo responde a criterios de economía procesal y evita duplicidades innecesarias. La investigación de los contratos de mascarillas continúa, pero en los tribunales competentes y con el alcance adecuado.
Para Armengol, el archivo supone el cierre de un frente judicial que podría haber complicado su posición al frente del Congreso.
