La Audiencia Provincial de Valencia ha puesto fin a una trama de corrupción que durante años permitió el desvío de fondos públicos mediante contratos simulados. Cinco personas, entre ellas tres exalcaldes de Enguera y Requena, han sido condenadas por prevaricación, malversación y fraude en la contratación pública.
La sentencia número 438/2025 de la Sección Tercera, compuesta por los magistrados María del Carmen Melero Villacañas-Lagranja, presidenta, Lucía Sanz Díaz y Lamberto J. Rodríguez Martínez, dictada el 30 de junio de 2025, desvela un esquema orquestado para beneficiar sistemáticamente a la empresa SERVIMUN S.L.U. y su sociedad vinculada, Técnicas Legales Administrativas (T.L.A.), vulnerando frontalmente los principios de transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública.
El entramado: contratos pactados bajo apariencia legal
Entre 2012 y 2015, José Mariano López, administrador de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA) y los entonces alcaldes, Javier Berasaluce, de Requena, y Santiago Arévalo y Óscar Martínez, ambos de Enguera, diseñaron un sistema para adjudicar contratos de servicios tributarios y administrativos por valor de decenas de miles de euros.
El funcionario de la Diputación de Valencia Ricardo A.M. completaba el círculo.
El modus operandi era simple pero efectivo: se simulaban procedimientos negociados sin publicidad —una modalidad que permite contratar con menor concurrencia— pero se excluía deliberadamente cualquier competencia real.
Las empresas que aparecían como competidoras eran seleccionadas previamente y no presentaban ofertas genuinas.
El tribunal ha aplicado los artículos 404, 432, 436 y 390 del Código Penal, apreciando un concurso de delitos que conecta prevaricación, malversación y falsificación documental. En términos jurídicos, esto significa que los acusados cometieron varios delitos relacionados entre sí, lo que agrava las penas.
La factura fantasma que destapó el caso
El episodio más grave involucró una factura de 21.780 euros por trabajos inexistentes y sin respaldo contractual.
Tras dos rechazos —de concejales y del nuevo alcalde—, los implicados falsificaron documentación oficial para justificar el pago.
La maniobra finalmente se consumó mediante otro contrato simulado, pero dejó un rastro documental que permitió la investigación judicial.
Las condenas: cárcel e inhabilitación
Las penas reflejan el grado de responsabilidad de cada implicado. José Mariano López, como cabecilla del entramado, afronta 3 años de prisión y la prohibición de contratar con la administración durante ese período.
Los exalcaldes Javier Berasaluce y Santiago Arévalo. han sido condenados a 1 año y 1 día de cárcel, además de más de seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Óscar Martínez ha recibido 2 años y 1 día de prisión.
El funcionario Ricardo A.M., por su papel en la falsificación documental, ha sido condenado a 3 años de cárcel y multa. La empresa TLA responde como responsable civil subsidiaria, y todos los condenados deberán indemnizar conjuntamente con 21.780 euros al Ayuntamiento de Enguera.
