Los líderes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva; Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo; Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, verían, en principio, con buenos ojos la propuesta realizada por Agustín Azparren, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, exmagistrado y abogado de las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia Sustitutos, de encontrar una solución «a la italiana» a la estabilización de estos colectivos. Lo que supondría que no formaran parte de la carrera judicial.
De tenerla sobre la mesa, tendrían que abrir un debate más amplio en sus respectivas asociaciones, pero la «música» suena bien. Gusta.
Y de entrar en la carrera la única forma debería ser por las dos vías existentes: mediante oposición libre o por el cuarto turno. Eso piensan las 5 asociaciones. Incluyendo a la Asociación Profesional de la Magistratura, que, a través de su presidenta, María Jesús del Barco, no gusta de la música planeada por el abogado, en un principio.
La decisión del Ministerio de dar entrada a los casi 1.000 jueces sustitutos a través de una modalidad de concurso-oposición en dos fases, mediante una parte práctica (resolución de un caso) y otra de méritos, evaluada por un tribunal externo, es una de las causas que condujeron a las cinco asociaciones mencionadas a llevar a cabo una huelga de tres días.
Todas ellas rechazan la «perversión» de este sistema de acceso a la carrera judicial, frente al sistema natural de oposición, que es muy exigente, lo que, además, alteraría el escalafón judicial, afectando a las nuevas promociones.
La fórmula planteada por Azparren evita el ingreso directo en la carrera judicial, lo que permitiría sortear los principales escollos jurídicos y políticos. Así lo explica en un documento que ha titulado «Propuesta de consenso en relación con el texto del proyecto de ley orgáncia que prevé la estabilización de los magistrados y magistradas suplentes, juezas, jueces y fiscales sustitutos con posiblidad de ampliación a letrados y letradas de la Administración de Justicia sustitutos», a la que ha tenido acceso Confilegal.
Algunas asociaciones, como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales aprobaron una solución parecida a esta en su último Congreso.
Una unidad de refuerzo sin acceso directo a la carrera
La propuesta, que el propio Azparren define como una adaptación del sistema implantado en Italia, se basa en la creación de unidades de jueces y fiscales de sustitución y refuerzo.
Estos profesionales —actualmente en situación de abuso de temporalidad— continuarían ejerciendo como hasta ahora, en sus destinos actuales, pero con estabilidad retributiva y jurídica.
“El único cambio —explica Azparren— es que cobrarían de forma estable a final de mes. No suponen ingreso en la carrera judicial, con lo cual se eliminaría la oposición de asociaciones profesionales”, asegura.
No vulneraría la Constitución
Esta separación clara evitaría vulnerar el artículo 122.1 de la Constitución, ya que no implicaría formar parte del “cuerpo único de jueces y magistrados de carrera”.
En el punto 7 del documento lo explica: «No supondría vulneración del artículo 122.1 de la Constitución Española (que, en todo caso, solo sería un obstáculo para jueces, no para fiscales ni LAJ), en cuanto a la exigencia de que los jueces y magistrados de carrera ‘formarán un cuerpo único».
Sin embargo, este «obstáculo» quedaría salvado porque «los componentes de la unidad de sustitución y refuerzo no serían ‘jueces y magistrados de carrera’, ni lo van a ser a través del proceso de estabilización, ya que lo que se hace es estabilizar una situación que ya existía de hecho desde hace muchos años sin que nadie hubiera planteado objeción alguna a que hubiera un ‘cuerpo’ de magistrados suplentes y jueces sustitutos ejerciendo como jueces durante décadas, fuera de la carrera judicial».
Idea viable
Esto, añade, se «hace con la finalidad de cumplir la normativa europea y de una sola vez y además es una situación extraordinaria siendo un cuerpo que se extinguiría cuando no quedara ningún juez de los estabilizados por abuso de temporalidad».
La idea es perfectamente viable. A los jueces, fiscales y LAJ sustitutos se les daría estabilidad en el trabajo, cobrarían a final de mes, y no los días que solo hubieran sido llamados. Y su situación no diferiría de la actual puesto que ahora no forman parte del poder judicial y ponen sentencias. Para hacerla realidad solo hace falta voluntad política.
Azparren explica que varios expertos constitucionalistas han confirmado que no existe obstáculo jurídico para implementar esta fórmula, dado que no se trata de un acceso alternativo a la función pública, sino de una medida excepcional de regularización conforme al derecho europeo.
Aval europeo
La iniciativa toma como referencia el caso italiano, validado por la Unión Europea, que permitió estabilizar la situación de los jueces honorarios (así se definen allí los jueces sustitutos) sin integrarlos en la carrera judicial.
Esta solución, según Azparren, “cumple con la Directiva 1999/70/CE” y con los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al abuso de la temporalidad en el empleo público.
Además, la propuesta está ganando apoyos significativos: “Ya ha sido aceptada por asociaciones de jueces y fiscales sustitutos».
Ventajas para todos
De acuerdo con Azparren, las ventajas son evidentes: «Evita indemnizaciones millonarias por el abuso de la temporalidad; desactiva la conflictividad sindical en torno a la estabilización; no compromete el escalafón de jueces de carrera, pues los sustitutos no ingresan en la carrera judicial; permite mantener jueces con experiencia en sus destinos actuales, sin desarraigarlos; y puede extenderse al colectivo de LAJ sustitutos, también mencionados por la Comisión Europea en sus procedimientos de infracción contra España».
Una “UME judicial” y una oportunidad para el Ministerio
El modelo propuesto también plantea una perspectiva organizativa novedosa: una especie de “unidad judicial de emergencia”, disponible para reforzar tribunales y afrontar picos de trabajo sin necesidad de nuevos nombramientos.
“Ya no se trata de crear más juzgados, sino de tener un cuerpo preparado, estable y dispuesto”, afirma Azparren.
La propuesta también podría reducir el volumen de sentencias que dejarían de dictarse si el plan actual del Ministerio —que prevé la salida de los sustitutos que no superen unas pruebas de acceso— se lleva a cabo.
“Si se les deja fuera, se pierde un 13 o 14% de resoluciones judiciales. Es una barbaridad”, advierte.
Camino abierto
Ahora, con la votación parlamentaria del proyecto de estabilización pospuesta hasta septiembre, las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos buscan unificar su respaldo a esta propuesta.
“La clave —resume Azparren— es que se trata de resolver el problema sin abrir una puerta trasera al sistema, ni vulnerar la Constitución. Solo se trata de justicia para quienes han sostenido el sistema durante décadas”, concluye.
