En el marco del evento titulado XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, celebrado en Bogotá, Colombia, entre el jueves y el viernes pasados, el magistrado del Tribunal Constitucional de España, Juan Carlos Campo, propuso una actualización estructural de los instrumentos internacionales de derechos humanos frente a la degradación ambiental.
Organizado por la Corte Constitucional de Colombia, este XX Conversatorio fue inaugurado por el presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego. Reunió a tres presidentes de Cortes o Tribunales Constitucionales, dos vicepresidentes, siete magistrados y diecisiete juristas –académicos, defensores de derechos humanos, servidores públicos y periodistas–, mayormente hispanoamericanos, españoles, italianos, alemanes y estadounidenses, para debatir sobre los principales retos del orden constitucional contemporáneo.
El Conversatorio se desarrolló en el Centro de Convenciones Ágora. El objetivo central fue analizar y proyectar la vigencia del orden constitucional como garantía de la democracia, la efectividad de los derechos fundamentales y los desafíos económicos y territoriales, así como la relación entre el marco colombiano y las tendencias globales del constitucionalismo a través de siete paneles.
Un derecho ambiental para el siglo XXI
La intervención de Campo se enmarcó dentro del eje sobre Constitucionalismo global, compartiendo panel con destacadas figuras como Giovanni Amoroso, presidente de la Corte Constitucional de Italia, Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta del Tribunal Constitucional de Ecuador, y Mario Gómez Montoya, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, en una sesión moderada por el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Desde allí, Campo lanzó una crítica directa al desfase de los instrumentos jurídicos internacionales frente a las nuevas amenazas globales: “Muchos problemas actuales, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, no estaban previstos en los textos originales y hoy afectan directamente a derechos fundamentales básicos como la salud, la vida o la alimentación».
Sostuvo que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano como derecho humano universal por parte de la ONU en 2022 debe traducirse en reformas normativas: “Es preciso dotar de realidad el reconocimiento jurídico ya hecho realidad […] creando obligaciones exigibles ante tribunales», argumentó.
El poder judicial frente a la crisis climática
El magistrado español subrayó el papel creciente de los tribunales constitucionales y de derechos humanos en la protección del medio ambiente. Citó como precedentes relevantes.
El primero de ellos es fruto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Condenó al estado suizo el 9 de abril de 2024 por su inacción frente al cambio climático por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, afectando al derecho a la vida privada y familiar.
La causa fue interpuesta por la asociación Mayores por el Clima que argumentó que las políticas climáticas de Suiza no eran suficientes para proteger la salud de sus miembros, especialmente durante las olas de calor.
«Es un precedente muy serio. Porque La sentencia del TEDH establece que la falta de acción climática puede considerarse una violación de los derechos humanos, lo que abre la puerta a futuras demandas y a una mayor exigencia de responsabilidad a los Estados en este ámbito», el magistrado español.
El segundo precedente también es fruto del TEDH. «Y es muy reciente. De 6 de mayo pasado. Concluyó que el Estado italiano ha incumplido sus obligaciones de protección de la salud de la localidad de Salerno por su continua exposición a la contaminación producida por la planta de fundición La Fonderie Pisano».
“Estas decisiones confirman que la falta de acción climática puede considerarse una violación de los derechos humanos”, subrayó Campo.
Constitucionalismo ambiental: más allá del Estado
Uno de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de repensar la soberanía estatal clásica. Según Campo, el modelo actual de exclusividad territorial y autonomía plena representa un obstáculo estructural para la acción coordinada frente a amenazas globales: “Las grandes problemáticas transnacionales requieren respuestas coordinadas y compromisos transfronterizos que el paradigma clásico de soberanía tiende a obstaculizar.”
En esa línea, respaldó propuestas como la del jurista Luigi Ferrajoli, profesor emérito de la Universita degli Studi di Roma Tre, quien abogó por una “Constitución de la Tierra” que permita articular principios constitucionales comunes a escala planetaria.
Compatibilidad entre soberanía y cooperación internacional
Frente a los recelos que suelen generar las iniciativas globales, el magistrado español defendió la compatibilidad entre soberanía constitucional e instrumentos jurídicos internacionales vinculantes: “Es posible compatibilizar el respeto por la soberanía constitucional con la construcción de marcos jurídicos internacionales, sobre todo cuando hablamos de derechos emergentes de alcance global.”
Destacó la experiencia europea —en especial el sistema del CEDH— como modelo exitoso de armonización normativa, sin necesidad de sacrificar los principios constitucionales nacionales.
Durante el evento se firmó una Declaración por el Constitucionalismo Global, con la participación de los presidentes de cortes constitucionales asistentes. El documento llama a fortalecer los derechos fundamentales, la cooperación jurídica internacional y la justicia ambiental, como parte de un nuevo pacto constitucional con vocación universal.
Una llamada a la acción intergeneracional
Juan Carlos Campo cerró su intervención con un mensaje claro: “La defensa del medio ambiente enlaza con el derecho fundamental a la dignidad de la persona […] Estamos ante un bien jurídico especialmente digno de protección, cuyo deterioro compromete la calidad de vida y los derechos de las generaciones futuras.”
Con esta declaración, se sumó al consenso emergente en Bogotá: el derecho ambiental ya no puede esperar reformas futuras; exige respuestas constitucionales urgentes y coordinadas a escala global.
