El exministro socialista Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez, ha solicitado al magistrado Juan Carlos Peinado suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente prevista para el 11 de septiembre.
El motivo: una incompatibilidad de agenda con otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife.
La petición, fechada el 21 de agosto, llega después de que Peinado acordara el 18 de agosto imputar a Gómez por malversación en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal en Moncloa.
El conflicto de fechas
«Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona», precisa Camacho en su escrito.
La defensa adjunta el auto del juzgado canario que confirma su citación a las 10.30 horas de esa fecha.
Por tanto, solicita «la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica».
El nuevo delito de malversación
La imputación por malversación marca un giro en la estrategia judicial de Peinado. El pasado mayo, el magistrado había imputado este delito únicamente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de la asesora, descartando entonces investigar a Gómez y Álvarez al considerar que carecían de responsabilidad en el nombramiento.
Este cambio de criterio se produce tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que instó al juez a centrar la investigación y fijar los indicios de responsabilidad —aunque curiosamente la Audiencia descartó que la malversación fuese uno de los delitos aplicables a la asesora—.
El mapa completo de la investigación
Begoña Gómez afronta ahora cinco líneas de imputación: malversación (la más reciente), tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Estas acusaciones se articulan en torno a cuatro ejes de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora.
La pelota está ahora en el tejado del juez Peinado, que debe decidir si acepta el aplazamiento o mantiene la fecha pese al conflicto de agenda de la defensa.
