La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha dicho no a Baltasar Garzón. El pasado 22 de julio, la mayoría de sus vocales desestimaron la petición del exmagistrado para anular los acuerdos de 2012 que certificaron su expulsión de la carrera judicial.
La decisión llega después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyera que Garzón había sido condenado en un proceso «arbitrario».
Sin embargo, para el órgano de gobierno de los jueces, esto no cambia nada: la sentencia de la Sala de lo Penal que le impuso 11 años de inhabilitación por prevaricación sigue siendo firme.
Los hechos que marcaron el final
Todo se remonta al ‘caso Gürtel’. En 2009, en el marco de la investigación de la trama Gürtel, el juez Garzón adoptó una de las decisiones más polémicas de su carrera: ordenó la intervención de las conversaciones que mantenían algunos de los imputados y sus abogados en la prisión de Soto del Real (Madrid).
El magistrado justificó la medida en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que permite al juez autorizar la escucha de comunicaciones si existen indicios de que se están utilizando con fines ilícitos.
Según Garzón, existía el riesgo de que los cabecillas de la red continuaran blanqueando dinero o dirigiendo la organización desde prisión con la ayuda de sus defensores.
Sin embargo, la decisión fue muy controvertida. El derecho de defensa y el secreto profesional entre abogado y cliente son pilares fundamentales del sistema jurídico.
Hasta entonces, las únicas excepciones admitidas por la jurisprudencia habían estado vinculadas al terrorismo, especialmente en casos relacionados con ETA, donde se habían detectado pruebas concretas de colaboración de algunos abogados con la organización.
La prevaricación consistió en añadir un inciso al auto que acordaba la grabación de esas conversaciones en el que textualmente se decía que esa medida cautelar se iba a aplicar a los letrados que entonces ejercían la defensa «…y a cualesquiera otros que en el futuro puedan asumir la defensa».
Este último inciso es el núcleo de la prevaricación. Se deja sin defensa a un imputado para siempre, haya o no sospechas de connivencia entre los defensores y los imputados.
En consecuencia, en 2012, un tribunal presidido por el magistrado progresista Joaquín Giménez y con ponencia de Miguel Colmenero, lo condenó por prevaricación y lo inhabilitó durante once años, entendiendo que había dictado resoluciones injustas de manera consciente.
Al estar aforado, como magistrado de la Audiencia Nacional, y al haber sido juzgado por la Sala de lo Penal del Supremo, no tenía derecho a recurso de apelación alguno.
La sentencia supuso el final de la carrera judicial de Garzón y marcó un precedente claro: la intervención de las comunicaciones abogado–cliente solo puede justificarse en circunstancias extremas y con pruebas sólidas.
El CGPJ ejecutó entonces la sentencia que determinó la expulsión definitiva de Garzón de la carrera judicial.
Ahora, el exmagistrado buscaba que esos acuerdos fueran declarados nulos basándose en el dictamen internacional.
El Pleno del CGPJ estudiará la solicitud de Garzón
Garzón, sin embargo, no se rinde. Según fuentes del CGPJ, ya ha recurrido la decisión de la Comisión Permanente. El caso se revisará próximamente en el Pleno del órgano de gobierno de los jueces..
Paralelamente, Manuel Campoy, fiscal de la Audiencia Nacional se posicionó a favor del exmagistrado el pasado mes de agosto solicitando al tribunal que instara al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la «reparación integral» de Garzón.
En un escrito, Campoy reclamó que se condenara a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» del exjuez y a «adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».
Campoy basó su petición en el mencionado pronunciamiento que el Comité de Derechos Humanos de la ONU realizó en agosto de 2021 en el que dictaminó que el juicio contra Garzón fue arbitrario y no cumplió con los principios de independencia e imparcialidad judicial
A juicio del fiscal, se vulneraron los derechos fundamentales del exmagistrado durante dicho proceso en el que fue defendido por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, fallecido el pasado mes de abril.
El problema que se presenta aquí es que la Organización de las Naciones Unidas no es un tribunal de justicia y, por lo tanto, ni dicta sentencias ni puede anular o revocarlas, y mucho menos la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España; tampoco puede actuar como un tribunal de apelación.
Lo que sí existe dentro del sistema de Naciones Unidas son órganos y comités de derechos humanos (por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU), que pueden estudiar denuncias individuales contra los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sus resoluciones son dictámenes u observaciones, que tienen un peso político y moral, pero no fuerza ejecutiva directa.
El caso de Garzón se mueve ahora en dos direcciones. Por un lado, el CGPJ mantiene su postura: mientras la sentencia del Supremo no sea anulada, los acuerdos de expulsión siguen vigentes.
Por otro, la Fiscalía presiona para que se repare el daño causado al exmagistrado.
Garzón recurrió en amparo ante el TC y después ante el TEDH
Tras su condena por prevaricación en el caso Gürtel, Baltasar Garzón recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que rechazó su recurso; posteriormente, acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que también desestimó su demanda, sin entrar en el fondo del asunto.
El TC inadmitió el recurso de Garzón argumentando la «manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo».
Garzón alegó que fue condenado por un delito inexistente en las leyes españolas y que la sentencia ponía en peligro la independencia judicial
Después del rechazo del TC, Garzón presentó demanda ante el TEDH, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y la falta de una ley clara sobre escuchas judiciales en España.
Sin embargo, el TEDH no admitió su recurso y no llegó a pronunciarse de fondo sobre la condena, dejando firme la inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo.
