Opinión | Entre sirenas y dilemas: los LAJs ante los Tribunales de Instancia

Alfredo Martínez Guerrero, letrado de la Administración de Justicia, analiza el dilema en el que se encuentra el cuerpo funcionarial al que pertenece. Y arranca con la historia de Ulises, que ordenó a sus hombres que le ataran al mástil de su barco cuando cruzaba el peligroso estrecho entre Escila y Caribdis, donde el canto de las sirenas conducían a los que lo escuchaban al desastre.

3 / 09 / 2025 05:37

En la mitología griega, Odiseo se amarró al mástil de su nave para resistir el canto irresistible de las sirenas. Sabía que si cedía a la seducción, su barco y su tripulación serían arrastrados a la destrucción.

La metáfora ha servido durante siglos para describir esas situaciones en las que una promesa de poder, placer o prestigio encierra en realidad una amenaza mortal.

Algunos compañeros, en foros privados, la han aplicado recientemente a nuestra encrucijada como letrados de la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la infausta Ley Orgánica 1/2025, que implanta los Tribunales de Instancia y desmantela la estructura clásica de juzgados.

Según esta primera visión, presentarse a concursos para ocupar cargos de director o jefe de Área en los nuevos Servicios Comunes equivaldría a sucumbir al canto de las sirenas: se nos ofrece un aparente ascenso, pero a costa de legitimar un modelo que erosiona nuestra función tradicional —fe pública judicial, ordenación material del proceso, autonomía técnica— y diluye nuestra identidad profesional en engranajes burocráticos.

Resistirse –atarse al mástil, como Odiseo y no participar en tales concursos– sería la única forma de salvaguardar el rumbo del Colectivo, aunque ello suponga renunciar a oportunidades individuales.

Yo tengo otra lectura, más amarga y próxima a la tragedia contemporánea. En ella, nuestra situación como LAJs no se asemeja tanto al canto de las sirenas como al dilema de las víctimas en un sistema destructivo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos prisioneros en los campos de concentración se vieron forzados a colaborar en tareas de organización, distribución o vigilancia.

«La Instrucción 1/2025 del CGPJ sobre dirección e inspección tensiona aún más el reparto competencial, subordinando a los LAJs a los presidentes de los Tribunales de Instancia, en abierta contradicción con el modelo defendido por el Ministerio».

La colaboración no era un acto de ambición personal, sino un intento desesperado de minimizar el daño, suavizar la brutalidad o salvar vidas. Frente a esa tesitura, las alternativas eran igual de desoladoras: participar en la maquinaria con la esperanza de amortiguar sus efectos, o mantenerse al margen y ser aniquilado sin remedio.

Aplicada a nuestro contexto, esta segunda visión nos confronta con la realidad de que el proceso de transformación de la Justicia avanza de manera inexorable, con independencia de nuestra voluntad.

El Real Decreto 530/2025, al redefinir complementos y jerarquías, premia explícitamente la aceptación de estos nuevos cargos directivos.

Y la Instrucción 1/2025 del CGPJ sobre dirección e inspección tensiona aún más el reparto competencial, subordinando a los LAJs a los presidentes de los Tribunales de Instancia, en abierta contradicción con el modelo defendido por el Ministerio.

RENUNCIAR A OCUPAR ESPACIOS ACELERA NUESTRA DESAPARICIÓN

Si los LAJs no participamos en los concursos de Dirección o Jefatura de Área, otros lo harán. Y cabe temer que lo hagan quiénes estén más dispuestos a obedecer ciegamente, sin matices ni resistencias.

La consecuencia es clara: renunciar a ocupar esos espacios no frena la degradación de nuestras funciones, sino que acelera nuestra desaparición como Cuerpo relevante. El dilema deja de ser el de Odiseo frente a las sirenas y se transforma en otro más cruel: participar en una estructura que sabemos hostil para tratar de humanizarla desde dentro, o permanecer fieles a una negativa heroica, a sabiendas de que ello solo nos condenará a la irrelevancia.

No se trata, pues, de aceptar el cargo como premio, sino como mal menor. Ser Director o Jefe de Área en los Tribunales de Instancia no significaría, desde esta óptica, ceder a la tentación, sino atrincherarse en una posición desde la cual aún es posible amortiguar los golpes: organizar con mayor sensibilidad, proteger a los compañeros, resistir las presiones verticales, o evitar que la disciplina quede monopolizada por perfiles ajenos al oficio.

Ambas visiones son legítimas y responden a diferentes pulsiones morales.

La primera nos recuerda que el poder seduce y corrompe, y que muchas carreras se han hundido al confundir el ascenso jerárquico con el verdadero prestigio profesional. La segunda nos alerta de que la pasividad también mata: la abstención puede ser moralmente impecable, pero políticamente estéril.

El Cuerpo de letrados de la Administración de Justicia se encuentra, quizá como nunca, en una encrucijada existencial.

La supresión del “juzgado” como unidad básica y la creación de áreas y servicios comunes nos expulsa de funciones históricas que nos daban sentido: la fe pública judicial ya no es reconocida como función central; la ordenación material del proceso se diluye en macroestructuras; la dirección técnica del procedimiento se fragmenta en manos ajenas.

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿sirve más a nuestra causa rechazar toda colaboración con el modelo, o tratar de ocupar desde dentro los espacios que aún nos permitan ejercer cierta capacidad de defensa del cuerpo?

En la Odisea no todos se amarraron al mástil: algunos marineros se taponaron con cera, otros remaban sin escuchar nada. Ulises eligió otra estrategia, más arriesgada, porque quería oír sin sucumbir.

Quizá esa sea nuestra lección hoy: participar, pero con la conciencia crítica despierta; ocupar cargos, pero sin olvidar que no estamos ahí para obedecer al verdugo, sino para impedir que cante demasiado alto.

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