El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) calificó ayer de «histórico» el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos. Es la primera vez en la historia que esto sucede.
La resolución, según el ICAM, confirma la gravedad institucional de los hechos denunciados en una causa en la que el Colegio y respalda los argumentos esenciales de la querella que ejerce en calidad de acusación popular.
De acuerdo con esta corporación de derecho público, el Supremo aprecia indicios suficientes de que el fiscal general del Estado filtró un correo electrónico confidencial remitido por el abogado defensor de Alberto González Amador; este último es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito de acusación, el ICAM sostuvo que García Ortiz actuó «con el argumento sofista de que estaba saliendo al paso de un bulo», pero en realidad con esa estrategia «laceró el secreto profesional» al filtrar información reservada y vulnerar el deber de confidencialidad
Esa filtración, destaca el auto, vulnera el derecho de defensa, quiebra el deber de confidencialidad profesional y genera un perjuicio moral y reputacional al afectado, sin apoyo en resolución judicial alguna. Añade además que la actuación compromete el prestigio y la imparcialidad del Ministerio Fiscal.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, “este auto marca un antes y un después. Confirma que la legalidad, el secreto profesional y el derecho de defensa no son principios simbólicos, sino límites reales al poder. El ICAM actuó por deber institucional y profesional. Hoy, la Justicia ofrece una respuesta clara y razonada que refuerza la confianza ciudadana en el Estado de Derecho”.
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luis Ángel Hurtado, ha fijado, además, una fianza de 150.000 euros para garantizar las responsabilidades derivadas de los hechos.
De acuerdo con el ICAM, el Colegio reitera su compromiso con la defensa de la abogacía, la justicia y la legalidad.
El Colegio de la Abogacía de Madrid solicita para el fiscal general del Estado 4 años de prisión, 12 años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 100.000 euros.
