Cuando se celebre el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, ocurrirán dos hechos históricos: primero, será la primera vez que veamos al máximo responsable del Ministerio Fiscal encausado en un juicio, que no sentado en el banquillo porque con toda seguridad se acogerá a su derecho a sentarse junto a la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, debidamente togado.
Y, segundo, las probabilidades de que el fiscal general del Estado opte por declarar el último, después de escuchar a testigos y peritos, son altísimas.
Desde el punto de vista estratégico, es más seguro para el encausado adoptar esa posición que la que ha venido siendo norma desde el siglo XIX. Una innovación que ya es una realidad. La Ley Orgánica 1/2025 modificó el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitirlo, aunque la sentencia del Tribunal Supremo 714/2024 de 28 de septiembre ya lo hacía posible.
La causa va a ser enjuiciada por siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y es un juicio de una sola bala. Porque siendo un aforado de este nivel sea cual sea la sentencia será definitiva y firme. Aquí no hay tribunal de apelación. Es una de las peculiaridades de ser juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cúspide de la jurisdicción.
No va a ser, casi con toda seguridad, una sentencia unánime. El tribunal estará conformado por los que completaron la Sala de Admisión del caso –Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Susana Polo– más el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que presidirá este juicio, y Ana Ferrer.
Cuatro hombres y tres mujeres.
Si nos movemos en los clásicos términos, tan de moda, de progresistas y conservadores, que no es del todo cierto porque la personalidad de cada magistrado y sus relaciones pesan más que este reduccionismo utilitario, serían dos progresistas –Susana Polo y Ana Ferrer–, tres conservadores –Manuel Marchena, Antonio del Moral y Carmen Lamela– y dos del «centro», Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo.
La minoría progresista
Susana Polo, de 65 años, redactó el auto que abrió causa al fiscal general, un hecho sin precedentes. Especialista en violencia de género, llegó al Supremo en 2018 y firmó con Ana Ferrer un voto particular demoledor contra la condena a Griñán en los ERE.
Ana Ferrer, por su parte, fue la primera mujer de la Sala Penal en 2014. De 66 años, aspiró a presidirla el año pasado, pero retiró su candidatura tras el veto conservador. En su renuncia denunció los «vetos ideológicos» que prevalecen sobre el mérito. Militante de Juezas y Jueces para la Democracia, formó parte del tribunal que juzgó a los líderes separatistas de la causa del «procés» y fue la autora del voto particular sobre los ERE que sirvió de percha para que el Tribunal Constitucional modificara el fallo del Supremo.
El peso de los veteranos
Manuel Marchena dirigió la Sala Penal hasta diciembre pasado. A sus 66 años, es el magistrado más conocido del país tras presidir el juicio del procés televisado en directo. Fiscal convertido en juez, nunca se afilió a asociaciones judiciales, pero el PP siempre lo consideró próximo.
Tanto que en 2018 renunció a presidir el CGPJ cuando se conoció un mensaje interno popular que presumía de controlar «por detrás la Sala Segunda». Ya no manda, pero su «auctoritas» sigue siendo notable y reconocida.
Antonio del Moral, también de 66 años, llegó al Supremo en 2012 avalado por su prestigio técnico. Fiscal de carrera reconvertido en magistrado, combina convicciones conservadoras con rigor jurídico. Vinculado al Opus Dei y a la Asociación Profesional de la Magistratura, fue el único juez supremo que protestó públicamente contra las reformas del Gobierno en 2023.
Carmen Lamela saltó de la Audiencia Nacional al Supremo en 2018 después de instruir los primeros compases del procés. Encarceló a Oriol Junqueras, dictó la primera euroorden contra Carles Puigdemont y procesó al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero. A sus 64 años, mantiene un perfil independiente sin adscripción asociativa.
Los equilibrios de poder
Juan Ramón Berdugo es el decano del grupo. Con 71 años, entró en el Supremo en 2004 de la mano del sector conservador del CGPJ. Miembro de la APM, fue parte del tribunal del «procés». Imputó a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, que luego fue archivado.
Andrés Martínez Arrieta presidente de la Sala Penal en funciones desde julio de 2024 y de pleno derecho desde el 25 de agosto pasado, después de ser elegido por el Pleno del CGPJ. Número uno del escalafón judicial a los 70 años, su nombramiento contó con respaldo conservador, aunque su perfil moderado y su militancia en Francisco de Vitoria le sitúan en posiciones equilibradas.
El meollo de la causa
Tras meses de instrucción que tocaron múltiples aspectos —desde notas de prensa hasta filtraciones a La Moncloa—, el caso se ha reducido a una pieza central: el correo del 2 de febrero de 2024.
En él, el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconoce que «efectivamente» se cometieron delitos contra Hacienda.
Según el instructor Luis Ángel Hurtado, García Ortiz desató una actividad «frenética» para obtener todos los correos de la causa. Su objetivo: «ganar el relato» frente a informaciones que sugerían falsamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto al investigado. Horas después, parte de esa correspondencia apareció en la Cadena SER.
La pregunta clave para esta causa es: ¿existen pruebas suficientes para demostrar que García Ortiz filtró información reservada?
