Las acusaciones populares dirigidas por Hazte Oír han pedido al juez Juan Carlos Peinado que investigue el patrimonio de Cristina Álvarez desde julio de 2018, cuando fue designada como asesora de la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el Palacio de la Moncloa, al tiempo que han reclamado al instructor que libre oficio a la Agencia Tributaria para que «remita declaraciones de la renta» de la trabajadora de Moncloa entre 2018 y 2024.
Así consta en un escrito, que han presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y que recoge los argumentos que esbozaron el pasado sábado en la vista en la que se informó a las defensas de Gómez, Álvarez y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que en caso de ir a juicio por malversación serían juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.
En el documento, las acusaciones reclaman una batería de diligencias que ya trascendieron el sábado, como la petición para que Pedro Sánchez, declare como testigo «para esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia que, en su doble condición de jefe del Ejecutivo y esposo de la investigada Gómez, pudo tener respecto de las actividades» de Álvarez y de «la desviación sistemática de recursos de la Presidencia del Gobierno para fines privados».
También dejan constancia por escrito de su deseo de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparezca como testigo toda vez que desempeñó el cargo de secretario general de Presidencia al momento de la designación de Álvarez.
Reclaman a su vez la testifical de Judit González, que ocupa actualmente el cargo que ostentó Bolaños, así como un careo entre Alfredo González, ex vicesecretario general de Presidencia, y la propia Álvarez.
CIFRAN EL PERJUICIO EN LOS 320.000 EUROS COBRADOS POR ÁLVAREZ EN SEIS AÑOS
En el marco de su escrito, las acusaciones destacan que la asesora de Moncloa «dedicó de manera sistemática su jornada laboral –de lunes a viernes y en horario oficial– a tareas privadas en beneficio exclusivo» de la esposa del presidente del Gobierno, lo que consideran una «malversación continuada» que genera un «perjuicio económico» al erario público de «extrema gravedad».
Según sostienen, «el perjuicio económico» ocasionado al erario público en este caso es «directo, perfectamente cuantificable y de extrema gravedad». En concreto, lo cifran en 320.834 euros, en referencia al salario percibido por Álvarez entre julio de 2018 y diciembre de 2024, «desconociendo ahora lo relativo al año en curso».
A su juicio, se trata de un «aprovechamiento ilícito del tiempo de trabajo», puesto que «durante años» la asesora de Moncloa «dedicó su jornada a atender asuntos estrictamente privados, lo que constituye una apropiación ilegítima de fuerza de trabajo sufragada por el Estado».
Para las acusaciones, dicha suma de partidas –en las que incluye «salario público, uso de bienes y servicios estatales, consumo de medios tecnológicos, recursos humanos y logísticos»-– configura «una malversación continuada de caudales públicos en el sentido amplio reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que incluye no solo dinero sino cualquier bien, servicio o fuerza de trabajo con valor económico».
