Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, ha comparecido hoy ante el Tribunal Supremo para explicar su posición en el procedimiento por la filtración de un correo electrónico dirigido a la Fiscalía.
Su tesis central ha sido inequívoca: la divulgación de ese mensaje —en el que su abogado proponía una conformidad penal y admitía los delitos fiscales atribuidos— lo convirtió en “el delincuente confeso del Reino de España” antes de cualquier juicio.
“Estaba muerto públicamente”, ha declarado. A su juicio, la difusión del correo por la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Álvaro García Ortiz, supuso una “ejecución mediática” que lo dejó sin defensa.
Ese correo, ha recordado ofrecía reconocer el delito para evitar juicio, conforme al mecanismo de conformidad previsto en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —figura legal habitual en delitos fiscales cuando se abona la deuda y se asume responsabilidad—. Pero ha insistido en que él no participó en su redacción ni envío: “Jamás participé en ningún correo”.
El caso rebasó lo jurídico para convertirse en lo político
El caso, ha insistido, rebasó lo jurídico para convertirse en político: “Ya no era Alberto González. Era el novio de la presidenta de Madrid. Todo el cuerpo fiscal iba contra mí».
El Gobierno, empezando por el propio presidente, le calificó públicamente como delincuente confeso. Las consecuencias, ha asegurado, no han sido solo reputacionales. El 14 de marzo, su banco le cortó líneas de financiación.
Una empleada suya —médica especialista— no pudo cerrar la compra de una vivienda porque la entidad rechazó la empresa como fuente de ingresos. “Mi vida está regida por esa etiqueta.”
González Amador anticipa que en el juicio oral que tiene pendiente da por hecha la condena. “Sigo siendo el delincuente confeso. Aún no ha habido juicio y ya estoy condenado socialmente».
El empresario ha sido encausado al apreciar indicios suficientes de fraude fiscal superior a 350.000 euros mediante facturación presuntamente falsa, y permanece abierta otra línea de investigación por un supuesto soborno vinculado a la cadena Quirón.
Distancia pública y solicitud de neutralidad política
Durante su declaración, González Amador ha explicado que pidió expresamente a Isabel Díaz Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se mantuvieran al margen de su caso: “Era un asunto personal y quise resolverlo rápido y sin ruido”.
Según su versión, ambos respondieron que intentarían no intervenir, aunque reconocieron que, como cargos públicos, podían ser interpelados por la prensa.
A preguntas de la Fiscalía, el empresario ha negado haber sugerido discursos políticos o descalificaciones institucionales. Admitió conocer publicaciones de Rodríguez en redes criticando a la Fiscalía, pero rechazó valorarlas: “No voy a entrar en valoraciones políticas”.
El origen del pacto y la filtración
González Amador ha insistido en que el ofrecimiento de pacto partió de su defensa, del abogado Carlos Neira, no de la Fiscalía, y que él solo autorizó avanzar si la vía permitía cerrar el asunto “de forma discreta”, atendiendo —dice— a la posible repercusión para Ayuso.
Sin embargo, ha afirmado que desconocía el detalle concreto del correo remitido por su abogado. También ha negado haber informado a medios de comunicación sobre la negociación. Relató que habló con un periodista de El Mundo, Esteban Urreiztieta, horas antes de la publicación que presentó la operación como iniciativa fiscal, pero sostiene que no le mencionó pactos ni le facilitó documentación.
El empresario ha confesado que desde el inicio de la inspección —iniciada en 2022— ha tenido la impresión de que su relación con la presidenta sería conocida por Hacienda y ha temido un uso político de su expediente. Por ello, dijo, optó por la conformidad penal para “acelerar y evitar ruido”, al no tener antecedentes y entender que la pena sería mínima si reconocía los hechos y pagaba.
Sin embargo, el procedimiento se distorsionó al filtrarse el correo. ¿La consecuencia? Ha sido condenado socialmente antes de poder defenderse. Su conclusión resume su relato: “No era yo. Era la pareja de la presidenta. Con esa filtración me mataron civilmente”.
