Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha defendido ante el Tribunal Supremo que se vio “obligado” a remitir a la prensa el correo que revelaba contactos entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía.
Según dijo, lo hizo para “desmentir” una información televisiva y porque dedujo que la negociación se había frenado “por órdenes de arriba”.
Rodríguez declaró en la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar el 13 de marzo de 2024 a Cadena SER un correo de 2 de febrero, por lo que está acusado de un delito de revelación de secretos.
En él, el abogado Carlos Neira ofrecía que su cliente —novio de la presidenta madrileña— reconociera delitos fiscales a cambio de un pacto que evitara la prisión.
El jefe de gabinete explicó que conoció la existencia de una inspección de Hacienda a González Amador en 2022, durante un viaje a París, y que desde entonces siguió el asunto de forma “informal”.
Aseguró que el propio González Amador le remitió el 13 de marzo un mensaje de Neira con un pantallazo del correo del 12 de marzo, donde el fiscal Julián Salto confirmaba disposición a negociar.
Rodríguez difundió ese pantallazo en un chat de periodistas tras una noticia de La Sexta (22:10 h) que situaba en la defensa la iniciativa del pacto, minutos después de que El Mundo (21:29 h) afirmara lo contrario: que fue la Fiscalía quien propuso un acuerdo.
El testigo subrayó que solo conocía el correo del 12 de marzo y desconocía el de 2 de febrero: “Es el correo que yo recibí y me pareció oportuno enviarlo”.
Añadió que su comentario sobre órdenes superiores en la Fiscalía fue una “deducción lógica” basada en la jerarquía interna del Ministerio Público, recogida en el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal —que establece su dependencia del fiscal general y la obligación de obediencia jerárquica—, aunque reconoció no tener pruebas ni fuentes: “Es un mensaje sin apoyo”.
Preguntado por la gravedad de sugerir interferencias, respondió: “Un mensaje de Twitter no es una imputación”. También afirmó que muchos periodistas consideraban sus palabras como procedentes de una “fuente oficial”, extremo que no negó: “Creo que Miguel Ángel Rodríguez está por encima del puesto político que ocupe. Siento esta soberbia”.
Sobre la difusión de la investigación fiscal, sostuvo que los medios ya conocían el asunto antes de la publicación de eldiario.es el 12 de marzo a las 6:01 h, y calificó de “agresivos” a periodistas de medios de izquierda.
Negó ser la fuente de El Mundo, al que atribuyó la primicia sobre la existencia de negociaciones.
Reconoció que avisó a varios periodistas de que se había “prohibido negociar” con la defensa, pero precisó que no difundió el correo hasta la noche del 13 de marzo.
Respecto a si supo de la inspección porque González Amador es pareja de Díaz Ayuso, contestó: “Es indisoluble una cosa y la otra”, aunque alegó que la presidenta “se mantuvo al margen”.
Rodríguez admitió reunirse el 14 de marzo con los abogados de González Amador para alertarles: “Esto no es una inspección normal”. Justificó esa actuación como parte de sus funciones: “Todo lo que atañe a la reputación de la presidenta”.
Calificó la actuación de Hacienda y Fiscalía como “turbia y fea” y sostuvo que González Amador sufre “un daño profesional irreparable”.
Ratificó sus mensajes en redes donde habló de una “trama corrupta de Hacienda y Fiscalía” y acusó a “todo el aparato del Estado” de actuar contra “una rival política”. A su juicio, el caso solo cobró relevancia por la relación de González Amador con Ayuso: “No es el caso Maxwell”.
