La cuarta sesión del juicio que el Tribunal Supremo celebró contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos que afectaba a Alberto González Amador, transcurrió con el foco puesto en varios periodistas de Cadena SER y El País.
Todos ellos fueron claros: la información que salió a la luz en marzo de 2024 no había llegado de manos del jefe del Ministerio Fiscal.
El proceso trató de aclarar si García Ortiz filtró a Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, un correo del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado de González Amador, en el que planteaba admitir dos delitos fiscales para evitar la cárcel.
Campos fue el primero en dar la noticia, cerca de la medianoche de ese 13 de marzo, sobre la existencia de un correo del abogado de González Amador reconociendo los delitos ante la Fiscalía. En una nota publicada en la web de su emisora a las 23,51 horas de ese día, Campos incluía citas textuales del escrito.
Los dos testigos principales vivieron interrogatorios tensos, sobre todo con la acusación particular que dirige Gabriel Rodríguez Ramos.
El periodista de la SER insistió en que “una fuente no era cualquiera” y que una relación así se construía con el tiempo. Negó haber hablado jamás con García Ortiz —ni por teléfono ni por WhatsApp— y sostuvo que conoció el contenido del correo la mañana del 13 de marzo, antes de la hora en la que, según la investigación, lo recibió el fiscal general del Estado. Concretamente en torno a las 15 horas.
En dicho correo, fechado el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador le ofrecía un acuerdo de conformidad al fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Pero la fuente no le permitió hacer una copia del texto. Solo tomar nota. Campos no logró después contrastar la información por otras fuentes.
Sin embargo, a partir de las 21:30, mientras veía el partido de Champions del Atlético de Madrid contra el Inter de Milán en un bar, el periodista fue alertado de que El Mundo había publicado una información en la que decía que la Fiscalía ofreció un acuerdo al abogado de González Amador, basándose en un correo posterior, con fecha 12 de marzo de 2024. Del día anterior.
Campos inició entonces una nueva ronda de llamadas hasta que contactó con su fuente original y obtuvo permiso para revelar el contenido del correo en el que relataba la versión correcta. La iniciativa del acuerdo correspondió al abogado de la pareja de Díaz Ayuso y no al revés.
Lo contó en directo a las 23:25, casi al cierre de Hora 25, y luego preparó la información para la web.
Aunque no lograron fijar el minuto exacto de esas llamadas, sí coincidieron en que ocurrieron antes del descanso. El abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, aprovechó esa referencia para poner a prueba la memoria del testigo preguntándole por jugadas del partido, lo que arrancó algunas risas en la sala.
El interrogatorio al exsubdirector de El País en el momento de los hechos—hoy director adjunto de eldiario.es—, José Manuel Romero, fue aún más áspero. Los continuos cruces de palabras con la acusación obligaron al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, a intervenir una y otra vez: “Vamos a ver, pregunte y responda”.
El periodista reiteró que su información procedía de fuentes de la Fiscalía de Madrid, no de García Ortiz, y se acogió al secreto profesional cuando se le pidió identificar a su contacto. Una pregunta que insinuaba que solo podía tratarse del fiscal general del Estado o de la jefa de prensa de la FGE fue finalmente retirada por el propio presidente.
Tras estos dos testimonios, comparecieron otros tres periodistas de El País, que habían llevado ante notario sus conversaciones de WhatsApp del 13 de marzo —incluidas en la documentación del caso—, y una redactora de El Plural. Sus declaraciones fueron rápidas y la defensa, que los había propuesto como testigos, apenas formuló preguntas, lo que dejó poco margen para profundizar en otros aspectos.
Previamente declararon el fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo de Murillo, y el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón.
