El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entra hoy en su recta final. Toca escuchar los informes definitivos, el momento en que defensa y acusaciones ordenan sus argumentos antes de que los siete magistrados del tribunal se retiren a deliberar. Fuentes jurídicas apuntan a que la sentencia podría llegar hacia finales de año.
Esta última jornada pone cierre a dos semanas muy intensas y reúne a todos los actores del proceso: la defensa; la Fiscalía; la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador; y las acusaciones populares —APIF, ICAM, Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír—, estas tres últimas bajo una misma dirección.
La defensa ha estado en manos de los abogados del Estado Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, aunque será este último, que lleva el asunto desde el primer momento, quien exponga las conclusiones finales.
En el lado del Ministerio Público intervendrá la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha llevado la causa y que durante la vista ha contado con el apoyo del fiscal jefe de Extremadura, Javier Montero. La Fiscalía se ha desmarcado de las tesis acusatorias desde el inicio.
Aunque el acusado siempre tiene derecho a pronunciarse en último lugar, no se prevé que García Ortiz haga uso de esa opción. Ya lo hizo el miércoles, cuando abrió y cerró su declaración con dos intervenciones que dieron por zanjada su posición.
Aclaró entonces que no respondería a las acusaciones y, en particular, a la del novio de Díaz Ayuso, a quien reprocha haber actuado de manera “desleal” y haber construido una querella parcial que, según él, dibuja una trama centrada únicamente en la Fiscalía.
Terminó citando una frase que, dijo, le había oído a su dentista y que resume cómo vive el proceso: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.
Los informes que se presenten ahora pondrán en orden lo ocurrido en las cinco jornadas anteriores, con más de cuarenta testigos —además del propio fiscal general y González Amador—, y marcarán las consecuencias jurídicas que a juicio de cada parte deberían derivarse.
La defensa: ni filtración ni secreto
Para la defensa, no hubo filtración alguna. Y añade un matiz clave: tampoco existía un secreto que proteger, porque la información ya estaba publicada cuando a García Ortiz le llegó a su correo personal la cadena completa de mensajes entre el abogado de González Amador y el fiscal que investigaba sus posibles delitos fiscales, Julián Salto.
Sostiene asimismo que los datos que circularon en la prensa el 13 de marzo de 2024 procedían del entorno del propio González Amador, y señala expresamente al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
El equipo defensor también cuestiona los registros que la UCO practicó el 30 de octubre de 2024 en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Entre el material incautado figura el informe con los mensajes recuperados del móvil de esta última entre el 8 y el 14 de marzo.
La defensa considera que todo ello es nulo de pleno derecho porque, según argumenta, los agentes copiaron sin límite el contenido de los dispositivos, pese a que el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, había fijado acotaciones temporales precisas.
Los agentes reconocieron el volcado completo, pero lo justificaron por razones técnicas.
Las acusaciones: borrados, coincidencias y perjuicio
Las acusaciones, en cambio, creen que la suma de indicios basta para pedir una condena de entre tres y seis años de cárcel, hasta doce de inhabilitación y más de 400.000 euros entre multa e indemnización.
Uno de esos indicios es la coincidencia horaria: García Ortiz recibió el correo clave a las 21:59 del 13 de marzo y, apenas unos minutos después, a las 22:10, comenzaron a aparecer informaciones que recogían su contenido. Varios periodistas, sin embargo, han explicado que ya tenían esos datos y que no venían del fiscal general.
Otro punto señalado es que el propio García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil el día en que fue imputado por el Supremo, cambió de terminal una semana más tarde y terminó eliminando su cuenta personal de Gmail.
Él ha explicado que borra los mensajes de forma habitual, que cambia de móvil una vez al año —y que ese cambio estaba pendiente desde mayo— y que cerró su correo en diciembre tras recibir mensajes “amenazantes”.
Las acusaciones también destacan la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien aseguró que llegó a preguntarle directamente: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?”.
García Ortiz afirma que no escuchó esa pregunta y vincula las palabras de Lastra a su “acritud” hacia la cúpula del Ministerio Público.
La acusación particular insiste, además, en el daño que, según González Amador, le causó la supuesta revelación. En el juicio relató cómo pasó a sentirse “el delincuente confeso del Reino de España” y afirmó: “Estaba muerto.
El señor García Ortiz me había matado públicamente”. Incluso llegó a decir: “O me voy de España o me suicido”, a lo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, respondió llamándole a la calma.
