En la quinta sesión del juicio que celebra el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) detallaron por qué, durante los registros en su despacho y en el de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, acabaron copiando más información de la que el juez había autorizado.
Su explicación fue directa: antes de volcar los datos, no existía una forma técnica de filtrar solo lo permitido.
El alcance de los registros
Los registros, ordenados por el magistrado instructor en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, tuvieron lugar el 30 de octubre de 2024. Se hicieron de manera simultánea, duraron más de diez horas y participaron ocho agentes.
Aunque el auto que los autorizaba establecía un límite temporal —primero entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024, después acotado al 14 de marzo— los agentes copiaron íntegramente teléfonos, ordenadores, discos duros y cuentas de correo.
Aseguraron que seleccionar la información en origen era inviable y que el filtrado se hizo más tarde, durante el análisis. En el caso de García Ortiz, se copiaron dos móviles (el personal y el de trabajo), un disco duro que almacenaba la copia de seguridad del ordenador de sobremesa y tres cuentas de correo —dos oficiales y una personal—.
El ordenador se revisó parcialmente, aunque no supieron precisar si esa revisión se ajustó al periodo permitido. En el despacho de Rodríguez, la extracción abarcó también dos teléfonos, un ordenador y cuatro cuentas de correo.
Debate sobre el exceso de información
El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, les reprochó que ese método supusiera llevarse “siete meses y 22 días” de datos, y subrayó que el móvil personal de Rodríguez almacenaba información desde 2018. “¿No acataron el límite temporal?”, les preguntó.
Uno de los agentes respondió: “Si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos”.
Otro agente añadió que, en el caso de los correos electrónicos, un filtrado manual —“imprimiendo correo a correo”— habría llevado semanas. Ocio recordó además que, al finalizar el registro, protestó por el “carácter desproporcionado” del volumen de documentos incautados.
Aun así, los agentes destacaron la actitud colaboradora tanto de García Ortiz como del personal de la Fiscalía General, que llegó a facilitar contraseñas.
Informes de la UCO y tensión con la defensa
Después declararon los responsables de los informes policiales que sostienen que el fiscal general tuvo una “participación preeminente” en la filtración relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Fue el tramo más tenso. La Abogacía del Estado afirmó que esas conclusiones se basan en “meras inferencias”, mientras que la defensa reprochó a la UCO no haber investigado a otras personas con acceso a la documentación —más de 500, señaló—.
Uno de los agentes respondió con contundencia: “No hacemos investigaciones prospectivas; nos centramos en quienes presentan indicios”. Y añadió que si Fiscalía no abrió una investigación interna es porque, a su juicio, “todo estaba normal”.
Copia completa y expurgo posterior
A preguntas del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, los agentes detallaron el criterio técnico de los volcados. Algunas herramientas permiten segmentar datos en ordenadores, explicaron, pero no siempre ocurre lo mismo con los dispositivos móviles.
Por eso, su práctica habitual es hacer primero una copia íntegra y realizar después un “expurgo”: descartar todo lo que no sea relevante para la causa o no esté autorizado por el juez.
