El magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, quien instruye el caso Leire Díez ha citado a declarar hoy, como investigada, a la fontanera del PSOE.
La considera la líder de un grupo que, junto al empresario Javier Pérez Dolset —también investigado—, buscaba información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Según el auto del magistrado, Díez “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol —tercer investigado— para obtener “información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes” que afectan tanto a políticos como a empresarios.
Díez y Pérez Dolset están citados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. La investigación se abrió tras varias denuncias contra Díez, a raíz de unos audios en los que ofrecía favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información sensible.
En nombre de «altas instancias del Estado»
El magistrado incorporó también las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes alertaron de un presunto intento de soborno por parte de los investigados. La Fiscalía pidió tramitar todas las denuncias de forma conjunta al entender que “el patrón de actuación es exactamente el mismo”.
En un recurso, el fiscal Juan Pablo Nieto subrayó que la clave del caso es la “apariencia” creada por Díez de actuar “en nombre de altas instancias del Estado”, lo que habría dado credibilidad a las ofertas presuntamente ilícitas.
A su juicio, existe una conexión evidente entre los tres investigados —Díez, Pérez Dolset y Rusiñol— en un plan para “manipular pleitos heterogéneos” que afectarían tanto a políticos como a empresarios, con el propósito común de desacreditar a la UCO y a Anticorrupción.
Una grabación aportada por el fiscal Stampa recoge una reunión celebrada el 7 de mayo, en la que Díez se presentó como “mano derecha” de Santos Cerdán —entonces secretario de Organización del PSOE— y como “la persona que ha puesto el PSOE”.
Se comprometió a “trasladar” información y aseguró que el encuentro era “estrictamente confidencial”.
En esa misma reunión, Pérez Dolset afirmó que, tras conocerse la imputación de Begoña Gómez, “el presidente ya dijo que se limpie todo, sin límite”, y aludió a la expulsión de “policías que falsifiquen informes” o “fiscales que oculten pruebas”.
Tanto Díez como Pérez Dolset aseguraron que Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el fiscal general Álvaro García Ortiz serían informados del encuentro.
Declaraciones de los investigados y testigos
El periodista Pere Rusiñol ya ha declarado. Negó haber intermediado en un soborno y explicó que el documento que llevó a su reunión del 27 de febrero con el fiscal Grinda solo pretendía contrastar información como periodista.
Los fiscales denunciantes ratificaron ante el juez su versión. Grinda declaró que Rusiñol le dijo que Díez tenía peso en el PSOE. Stampa añadió que la exmilitante mencionó que el presidente estaba preocupado por “las saunas” de su suegro y había dado la orden de “limpiar sin límites”.
También compareció el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, quien aseguró que Díez le habló de una próxima “purga” en la Benemérita y de recompensas, como un ascenso o el pago de su defensa.
Por su parte, el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán en el caso Koldo, se acogió al secreto profesional para no responder sobre una reunión mantenida en su despacho con la exmilitante socialista.
