El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado para hoy al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García para decidir si modifica sus medidas cautelares y decreta su ingreso en prisión provisional, como solicitan las acusaciones populares encabezadas por el PP.
La comparecencia se enmarca en la causa por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia.
Ábalos declarará a las 10:00. La comparecencia de Koldo, fijada inicialmente a las 11:00, se ha pospuesto a las 12:30 para permitir que su defensa asista también a la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional.
Puente mantuvo la citación de Ábalos al considerar que la presencia de la defensa de Koldo no es necesaria para su vista.
La celebración de estas comparecencias responde a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, que solicitaron una revisión de las medidas cautelares actualmente vigentes —retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales—.
Las acusaciones populares ya han adelantado que pedirán prisión provisional, alegando “indicios racionales de criminalidad” y una previsión de penas elevadas que, a su juicio, incrementa el riesgo de fuga.
La Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa cercana a 3,9 millones de euros.
Las acusaciones populares elevan su petición a 30 años para ambos, añadiendo prevaricación y falsedad documental.
Según explica el magistrado, el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a las acusaciones solicitar la adopción o modificación de medidas privativas de libertad, aunque cualquier cambio solo puede hacerse “a petición de parte” y tras oír a todos los intervinientes en la vista.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares piden 7 años de prisión para Víctor de Aldama, a quien aplican la atenuante de confesión por su colaboración. En su caso, no han solicitado revisar las medidas cautelares.
La vista llega después de que las defensas de Ábalos y Koldo recurrieran sus respectivos procesamientos.
La de Ábalos, dirigida por el exfiscal Carlos Bautista, sostiene que el exministro no cobró comisión alguna y critica que el auto instructor se base principalmente en las declaraciones de De Aldama “sin más prueba que su palabra y unas fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado marcadas a mano”.
También denuncia que el cierre de la instrucción se hizo sin permitirles acceder a todo el material incautado ni practicar diligencias adicionales.
La defensa de Koldo, representada por Leticia de la Hoz, también ha pedido la nulidad del procedimiento. Alega que él no participó en la compra de mascarillas, que no tuvo relación contractual con Soluciones de Gestión —empresa central en la supuesta trama— y que el juez ha investigado hechos no incluidos en el suplicatorio autorizado por el Congreso para investigar a Ábalos.
Denuncia, además, una “indefensión material” por la imposibilidad de practicar nuevas diligencias, como la citación de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos y empleada en dos empresas públicas supuestamente gracias a la intermediación de ambos.
