El Tribunal Supremo ha acordado archivar la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles por el pago de los billetes de avión utilizados para repatriar a varios activistas españoles detenidos en Israel tras participar en la flotilla rumbo a Gaza, así como por el envío de un buque militar para prestarles apoyo consular.
En el auto, la Sala de lo Penal concluye que no concurren los elementos de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación imputados por el partido en su querella contra el jefe del Ejecutivo y los titulares de Asuntos Exteriores y Defensa.
Vox planteó que la flotilla abonara su «crucero de bailoteo»
Los magistrados sostienen que los hechos “se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa”. Añaden que no se acreditan “indicios racionales” de los delitos denunciados y que la denuncia responde a “un propósito político sin base fáctica penalmente relevante”.
La Sala Segunda recuerda además que los actos de gobierno, aunque puedan ser discutidos en otras jurisdicciones, no son susceptibles de enjuiciamiento penal por prevaricación salvo en casos de arbitrariedad o fraude, circunstancias que —subraya— no concurren en este supuesto.
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, anunció a comienzos de octubre la presentación de la querella después de que el Gobierno reconociera haber asumido el coste de los billetes de repatriación de los españoles que viajaban en la flotilla. Fúster calificó a los activistas de “exhibicionistas” y afirmó que se habían dado “un tremendo crucero de bailoteo”, por lo que, en su opinión, “deberían pagarlo de su bolsillo”.
