La Audiencia Nacional (AN) decidirá este sábado si envía a prisión provisional o deja en libertad a la «fontanera» y exmilitante del PSOE Leire Díez, al empresario Antxon Alonso, socio del exdiputado y exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
Los tres fueron detenidos el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en contratos públicos por orden del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.
A partir de las 10.00 horas, los tres arrestados, casi al filo del límite de detenición de las 72 horas, pasarán a disposición judicial del magistrado, quien mantiene la investigación bajo secreto, con el fin de tomarles declaración.
La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.
También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas investigaciones a más de una docena.
DÍEZ TRABAJÓ PARA EMPRESAS DE LA SEPI
La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado Zamarriego considera que la fontanera socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.
SERVINABAR PAGÓ A FERNÁNDEZ
Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.
Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.
LA SEGUNDA IMPUTACIÓN DE ALONSO
Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.
Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
