En la Audiencia Nacional se juzgan algunos de los delitos más graves y complejos de nuestro país: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, grandes tramas de delincuencia económica. Lo que pocas veces se explica es que una parte esencial de ese engranaje descansa sobre el Turno de Oficio y, en particular, sobre abogados y abogadas que trabajan en condiciones económicas que nada tienen que ver con la responsabilidad que asumen.
En este contexto, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) manifiesta su comprensión ante la acción de protesta promovida por ALTODO —la renuncia al Turno de Oficio de la Audiencia Nacional—, porque mantener la situación actual ya no es viable ni para los profesionales, ni para la Justicia gratuita, ni para el propio Estado de Derecho.
Cuando la justicia gratuita se paga a 0,10 euros la hora
Conviene explicar con claridad por qué hablamos de precariedad extrema. En determinadas macrocausas de la Audiencia Nacional, los abogados y abogadas de oficio perciben alrededor de 244,95 euros netos por procedimiento, una vez descontados impuestos y retenciones, pese a tratarse de asuntos que pueden prolongarse durante meses o incluso años de trabajo continuado.
A esa cifra hay que restarle el coste de los desplazamientos diarios a la sede de San Fernando de Henares: 66 kilómetros de ida y vuelta por sesión, unos 7,6 euros al día y en torno a 152 euros mensuales solo en combustible.
Si hacemos el cálculo honesto, la remuneración real puede quedar reducida a entre 0,10 y 0,20 euros por hora de trabajo efectivo. Y eso sin incluir el tiempo dedicado al visionado de vídeos y audios, al análisis de documentación masiva —miles de folios— ni a las sesiones maratonianas de juicio oral que caracterizan estos procedimientos.
¿De verdad alguien puede sostener que este modelo es compatible con una defensa técnica digna? ¿Acaso es razonable exigir el máximo rigor, preparación y especialización a profesionales que, literalmente, están asumiendo pérdidas económicas para poder prestar este servicio público?
El turno más exigente, con las peores condiciones
Hay un dato que conviene recordar: el turno de la Audiencia Nacional es, junto con el del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Supremo, el más riguroso y exigente de nuestro sistema. Para acceder a él se exige una experiencia acreditada mínima de diez años de ejercicio, además de la superación de exigentes cursos de cualificación específica.
Es decir, estamos hablando de la élite del Turno de Oficio, de profesionales muy cualificados que asumen causas de enorme complejidad técnica y de especial incidencia en la seguridad del Estado.
Sin embargo, los baremos económicos sitúan su trabajo en niveles que resultan incompatibles con la mínima dignidad profesional.
La consecuencia es evidente: para atender estas macrocausas, muchos compañeros se ven obligados a renunciar a parte de su cartera de asuntos privados, con el consiguiente impacto en la viabilidad de sus despachos.
Es un modelo que castiga, paradójicamente, a quienes mejor preparados están y más compromiso demuestran con la Justicia gratuita.
«Lo que estamos diciendo, con claridad, es que así no se puede seguir. O se dignifica el Turno de Oficio en la Audiencia Nacional, o el deterioro del sistema de Justicia gratuita será progresivo y cada vez más difícil de revertir».
Tres razones para decir “hasta aquí”
Comprendemos la acción de ALTODO por tres razones muy claras.
La primera tiene que ver con la dignidad de la abogacía de oficio y con la propia sociedad a la que servimos. No se puede sostener un servicio público esencial sobre el sacrificio económico de quienes lo prestan. Defender unas condiciones dignas para el Turno de Oficio no es pedir privilegios; es garantizar que las personas sin recursos tengan una defensa real, no meramente formal.
La segunda razón es la imposibilidad material de mantener el nivel de rigor que estas causas exigen. Quien conoce por dentro una macrocausa de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado sabe que detrás de la defensa formal en el juicio oral hay un estudio material previo de tomos y tomos de actuaciones, visionado de horas de grabaciones, análisis de informes periciales complejos y preparación de estrategias de defensa sólidas.
Con los baremos actuales, exigir ese nivel de dedicación es incompatible con la supervivencia económica de muchos despachos. Y un sistema que obliga a los profesionales a elegir entre atender sus asuntos privados o preparar adecuadamente una causa pública es un sistema que ya está fallando.
La tercera razón es una alerta institucional sobre el impacto que todo esto tiene en la seguridad del Estado y en la confianza ciudadana en la Justicia. No estamos hablando solo de un conflicto profesional o corporativo; estamos hablando de procedimientos que afectan directamente al orden público, a la lucha contra el crimen organizado y a la persecución de grandes tramas delictivas.
Si el Turno de Oficio en la Audiencia Nacional se debilita, no solo pierden los abogados: pierde el Estado de Derecho.
No es una retirada, es una llamada seria de atención
Esta renuncia es una llamada seria de atención para que la Justicia gratuita no se deteriore irreversiblemente en uno de los ámbitos más sensibles de nuestro sistema judicial.
Ningún compañero quiere dejar a un ciudadano sin defensa. Nadie entra en el Turno de Oficio con el afán de lucrarse, por la obvia razón de las baremaciones manifiestamente bajas según estándares de mercado.
La abogacía de oficio es vocación, servicio público, compromiso con los más vulnerables. Pero el compromiso tiene límites cuando el sistema se apoya exclusivamente en la buena voluntad y en la capacidad de sacrificio de los profesionales.
Lo que estamos diciendo, con claridad, es que así no se puede seguir. O se dignifica el Turno de Oficio en la Audiencia Nacional, o el deterioro del sistema de Justicia gratuita será progresivo y cada vez más difícil de revertir.
Qué pedimos
Desde el ICAM hemos trasladado ya esta situación al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. No nos limitamos a la denuncia; reclamamos soluciones concretas.
Pedimos una revisión urgente de los baremos retributivos del Turno de Oficio de la Audiencia Nacional; el reconocimiento y abono efectivo de todas las actuaciones realizadas —incluidos el estudio de las macrocausas, el visionado de pruebas digitales y los desplazamientos a San Fernando de Henares—; y la garantía de una defensa técnica de calidad en materias especialmente sensibles.
No pedimos nada desproporcionado. Pedimos poder trabajar con dignidad, sin que el ejercicio responsable de la abogacía de oficio implique, de facto, asumir pérdidas económicas.
Pedimos que la Justicia gratuita reciba el mismo respeto que proclamamos en los discursos institucionales.
La gran bonanza del sistema del Turno de Oficio en España es, precisamente, que la extracción de los profesionales dimana del propio mercado de servicios, a lo que se añade la exigencia de unos requisitos de acceso cualificado, todo ello en aras de la calidad de la prestación.
Si queremos que la ciudadanía crea en la Justicia, tenemos que empezar por tomar en serio a quienes la sostienen cada día, también —y sobre todo— cuando se trata del Turno de Oficio: la dignificación debe ir anudada a la correspondencia retributiva equitativa.
