Está próximo el momento en que finalice la Fase III de implantación de los nuevos Tribunales de Instancia en los partidos judiciales más grandes. Han sido muchas las voces que llevan tiempo solicitando una prórroga en la implantación, entre otras cosas, porque no están adaptados los sistemas de gestión procesal, no han finalizado los procesos de acoplamiento, ni se conocen las funciones concretas de cada interviniente, etc.
Sin embargo, se aproxima el 31 de diciembre de 2025 y parece que todo va a seguir su curso.
Ciertamente, el cambio es tan profundo, que hubiera sido necesario más tiempo, una mayor planificación y una transición más ordenada. No obstante, los partidos judiciales afectados por la Fase I y II del proceso, se adaptaron a pesar de las dificultades, en tiempo.
Otra cuestión es que la forma de adaptación que han tenido es desigual, ya que no todos los partidos judiciales han sabido interpretar el nuevo organigrama para saber adaptarlo al antiguo Juzgado, entendiendo que supone una reorganización absoluta que afecta al personal y al servicio prestado.
En estos días, los profesionales acudimos a los juzgados y los encontramos llenos de cajas, ya que se está comenzando la mudanza de los expedientes.
Por otra parte, muchos de ellos están haciendo alarde, es decir un inventario de los asuntos pendientes que permite conocer la verdadera situación del órgano judicial determinando la situación de los procedimientos y comprobando cuantos están pendientes.
Por ello, algunos funcionarios, no atienden a los profesionales, ya que tienen el Juzgado “patas arriba”.
Es indudable que los profesionales a la vuelta del período de inhabilidad, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Parece lógico pensar que se va a producir un parón en la tramitación de los procedimientos y las ejecuciones hasta que se produzca ese acoplamiento de forma real, es decir que cada operador se sitúe y conozca los procedimientos que ha de tramitar.
Por eso, a los procuradores nos preocupa mucho lo que va a suceder, dado que ya nos hemos visto muy afectados por la entrada en vigor de una ley que, en la apuesta por los métodos alternativos de resolución de conflictos, ha provocado una reducción en el número de asuntos que se presentan en nuestros despachos. A todo esto, se le añade una mayor ralentización en la tramitación de los procedimientos en marcha.
No me cabe duda del esfuerzo que se está realizando por parte de la Administración y del personal judicial con el fin de que, en tiempo y forma, esté todo funcionando. Toda nueva organización necesita de una puesta en marcha y de un período de adaptación para que se puedan conocer los problemas que se generan en el día a día, pero también es necesario poner de manifiesto que para los profesionales esta situación está generando serios problemas.
«Me gustaría que el personal de justicia entendiera que los procuradores formamos parte de ese equipo y que podemos aportar nuestra experiencia a los cambios legales y tecnológicos de la actual oficina judicial».
Al margen del funcionamiento de sus despachos, el nuevo Tribunal de Instancia va a generar una nueva forma de trabajar, ya que, hasta que nos adaptemos, tendremos que ir a la búsqueda del procedimiento y para ello comenzar por conocer que unidad tramita del procedimiento, donde se encuentra, que funcionario lo gestiona y cuando podrá realizar el tramite que demanda el procedimiento por el que preguntamos.
Por ello, sería recomendable, para el funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia, y dado que los profesionales de la procura estamos más que acostumbrados a los cambios, que se encontrara en nosotros un aliado y no un estorbo que acude al nuevo órgano judicial a molestar.
Los procuradores nos limitamos a cumplir con los mandatos de representación que nos otorgan y por ende a colaborar con la Administración de Justicia, por lo que, en estos momentos de profunda transformación, también se ve muy afectado nuestro día a día.
Todos los operadores nos vemos implicados en una nueva forma de entender la justicia, por lo que todos tendremos que colaborar de la manera que nos imponen nuestras respectivas profesiones.
Además, esta nueva situación nos debe hacer pensar en que se ha superado un modelo y que entramos en una nueva forma de hacer justicia, que hasta dentro de un tiempo, no podremos valorar si es mejor o peor.
No podemos obviar que, con anterioridad, a esta reforma se había ido dotando de herramientas a justicia para la tramitación digital de los procedimientos y en muchos casos, no se han utilizado convenientemente.
Esta nueva organización judicial nos obliga a la gestión y tramitación telemática de los procedimientos y que el órgano judicial trabaje en equipo, atendiendo las necesidades del servicio.
Por ello, y dadas las dificultades con las que nos vamos a encontrar todos los operadores, me gustaría que el personal de justicia entendiera que los procuradores formamos parte de ese equipo y que podemos aportar nuestra experiencia a los cambios legales y tecnológicos de la actual oficina judicial.
