Se ha hablado mucho de la reforma profunda que en justicia introduce la Ley Orgánica 1/2025. De cara a su implantación, hay un aspecto muy destacable que es el papel clave de los Letrados de la Administración de Justicia en la nueva organización judicial.
Hace tiempo que a los Letrados de la Administración de Justicia se les concedieron competencias que iban más allá de la función de garantizar la legalidad con el ejercicio de la fe pública, lo que les permitió asumir nuevos cometidos.
Sin embargo, la actual regulación les otorga un papel fundamental a la hora de la creación de los Tribunales de Instancia, ya que entre sus funciones se encuentra también la organización y puesta en marcha de las distintas unidades de gestión del procedimiento en sus distintas fases.
Realmente, esta misión no resulta fácil, ya que supone no sólo un cambio en la organización sino también en la mentalidad de todos.
No solo ellos y los funcionarios tienen que adaptarse a las nuevas estructuras. Todos tenemos que entender que, superado el modelo juzgado, entramos en un nuevo organigrama que pretende unificar órganos y simplificar la gestión.
No es tarea fácil la que se les ha adjudicado a los Letrados de la Administración de Justicia y me consta que todos ellos se han implicado con el fin de conseguir la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, por lo que supone una nueva forma de entender la justicia.
De momento, tanto en aquellos partidos en donde ya está implantada la nueva organización como en aquellos que están a la espera de que llegue el 31 de diciembre, los Letrados de la Administración de Justicia se han esforzado con el fin de que la justicia funcione.
Indudablemente, se están produciendo disfunciones y dificultades a la hora de los acoplamientos ya que, entre otras cosas, faltan por cubrir determinadas plazas de funcionarios y otras muchas cuestiones que surgen cuando el sistema echa a andar.
LA JUSTICIA ES COSA DE TODOS
Por ello, y agradeciendo mucho la labor que están realizando y la que queda por realizar, no podemos ignorar que la justicia como servicio público se puede permitir adaptaciones, pero no más dilaciones.
Desde la pandemia al día de hoy, la justicia ha sufrido una serie de vicisitudes que han dilatado en exceso la tramitación de los procedimientos, ignorando que todo ello, retrasa la respuesta que el ciudadano demanda.
La justicia es cosa de todos, de operadores jurídicos y de ciudadanos y aunque el reto que se asume con los nuevos Tribunales de Instancia sólo conoceremos sus resultados cuando lleve tiempo funcionando, estamos obligados a mejorar la respuesta.
Por ello, y al ser de un problema de todos, entiendo que el resto de los operadores tenemos que dar un paso al frente y poner a disposición de los Letrados de la Administración de Justicia nuestro trabajo y experiencia para colaborar en la prestación de un mejor servicio.
Los procuradores, en nuestra labor de colaboración con la Administración de Justicia, siempre estamos dispuestos a poner nuestros conocimientos a su servicio.
En estos momentos, los procuradores como profesionales que trabajamos a pie de órgano judicial, debemos ofrecernos para, entre todos, conseguir que la justicia se presente ante la sociedad como un servicio ágil y eficaz.
No podemos olvidar que cada procedimiento que no avanza deja en evidencia al procurador, porque parece que no realiza su labor de impulso del procedimiento.
Nos deja en una mala posición ante nuestros clientes, que no dejan de ser ciudadanos con derecho a que su proceso se tramite sin dilaciones.
Es más, esta reforma se presenta como una oportunidad más para que demostremos que somos profesionales implicados en la justicia y apegados a los órganos judiciales, porque sus problemas nos afectan de forma muy directa.
Por tanto, en un momento de profundo cambio, no podemos desentendernos de los problemas que genera, porque todos nos jugamos mucho en esta transformación.
