El empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el denominado ‘caso Leire Díez’, ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que no se admita como acusaciones al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según un escrito depositado en el juzgado, Pérez Dolset argumenta que ninguno de los tres puede considerarse «perjudicado» en la causa, que investiga el presunto ofrecimiento de favores judiciales a cambio de información comprometida contra mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
El empresario respalda la posición de la Fiscalía, que también se opone a la personación de Ábalos y Koldo García, señalando que la investigación no aborda hechos que les afecten directamente, más allá de «meras referencias de soslayo» aparecidas en medios de comunicación y en la declaración del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.
Dolset también pide la revocación de Víctor de Aldama en el ‘caso Koldo’
Asimismo, Pérez Dolset pide al titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Madrid que estime el recurso presentado por Leire Díez y revoque la personación de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, y del magistrado jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, argumentando que “no concurren las condiciones de perjudicado” para su admisión.
El empresario insiste en que tampoco corresponde que Balas se persone en la causa, al considerar que «no es perjudicado» y que no consta que haya formulado denuncia alguna sobre las menciones que le afectan en prensa. Sobre una posible declaración del teniente coronel, Pérez Dolset añade que «nada puede aportar a los hechos, pues no tiene conocimiento directo de los mismos, más allá de las menciones en medios».
El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez como presunta cabecilla de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto a Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol para recabar información comprometida de mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de ‘anular o malbaratar’ investigaciones relevantes que afectan a políticos y empresarios, lo que podría constituir delitos de tráfico de influencias y cohecho.
