Lo advertí en diversas ocasiones: lo que vivíamos era el preámbulo de una «decapitación» política y estratégica que finalmente se ha materializado.
En el complejo marco de las relaciones que unen a Washington con Caracas, y lamentablemente con Madrid, la caída de piezas clave no es fruto del azar, sino de un diseño meditado donde la paciencia y el apoyo interno han sido fundamentales.
El epicentro del conflicto: Hugo Carvajal
Mi labor como magistrado de enlace en Washington D. C. me situó en el ojo del huracán cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso sobre la mesa la extradición de Hugo «el Pollo» Carvajal.
Lo que para muchos era un nombre más, también para mí en un primer momento, para la Administración estadounidense representaba la captura del presunto jefe de una red de narcotráfico a gran escala.
Pero no solo eso.
Era el inicio de una estrategia decidida, desde la primera Administración Trump, contra el régimen venezolano, que sin duda se ha visto ahora reforzada por el liderazgo de Marco Rubio, como secretario de Estado.
Mi labor en aquel momento era clara y desde luego estaba muy lejos de la política: atender las inquietudes de las autoridades estadounidenses y coordinarlas con el órgano jurisdiccional español, siempre bajo el estandarte de la independencia judicial y el respeto a la ley.
Sin embargo, el camino se torció cuando la Audiencia Nacional denegó inicialmente la extradición alegando razones que en Washington resultaban incomprensibles, como la naturaleza «militar» del delito.
«La democracia no puede permitirse el lujo de la hipocresía: quien defiende la libertad en su tierra, pero justifica la tiranía en la ajena, traiciona la esencia misma del derecho».
Entre la lealtad y la sospecha
En los pasillos del poder en Washington, la percepción era alarmante: existía el convencimiento de que el gobierno de Pedro Sánchez estaba operando para impedir que Carvajal fuera entregado.
Aunque oficialmente nunca recibí una orden directa (incluso ni la más mínima insinuación) de las autoridades españolas para obstruir el proceso (que, por cierto, jamás habría atendido), la fiabilidad de mis fuentes en la Administración estadounidense me obligó a tomar nota de una realidad inquietante que contrastaba con la «locura» que algunos sectores de la propia Administración española percibían en las decisiones judiciales de aquel momento.
Tengo ahora a la vista, al escribir estas líneas, uno de aquellos correos electrónicos, en el que alguien desde un nivel considerablemente alto de la Administración me decía: «Pero Jorge, ¿estamos locos?».
La situación alcanzó su punto de ruptura cuando, tras la rectificación del Pleno de la Audiencia Nacional por una abrumadora mayoría a favor de la extradición y la posterior huida de Carvajal, se lanzó un ataque directo contra mi integridad profesional.
Un voto particular de un magistrado me acusó de intentar influir en el caso, una afirmación que transformó mi labor de enlace en un supuesto atentado contra la independencia judicial.
Y que, por cierto, me obligó a repasar mis manuales de derecho procesal. Nunca pensé que un voto particular pudiera usarse para descalificar a un colega, por cierto, sin derecho a ser previamente escuchado.
El coste de la integridad
La respuesta del Ministerio de Justicia, dirigido entonces por Dolores Delgado, fue fulminante: un cese fulgurante que formalizaron como una «rotación rutinaria», un recambio por el transcurso del tiempo.
De nuevo, sin audiencia formal de ningún tipo. Eso sí, con agradecimiento en el BOE por los servicios prestados.
De la noche a la mañana, después de años de excelente servicio reconocidos incluso formalmente por el FBI y los Departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos, me vi obligado a desmontar una vida en Washington, privado de seguro médico, pues me lo dieron de baja antes de que pudiera abandonar el país, y con el amargo sabor de una depuración encubierta.
Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, observamos cómo la sombra de las peores acciones del régimen venezolano y sus tramas —maletas, rescates y supuestas minas de oro— han permeado en la realidad de nuestro país y han abierto interrogantes que nunca debieron existir.
Un balance necesario
Como me dijo un alto funcionario la noche de mi despedida en Washington D. C.: «El tiempo lo pone todo en su sitio».
Ese tiempo ha pasado.
La historia de Venezuela no nos es ajena y las consecuencias de lo ocurrido deben caer por su propio peso en un Estado democrático. No se trata de acritud, sino de higiene democrática; de lo contrario, el favor que le estaremos haciendo a nuestra propia democracia será, en el mejor de los casos, flaco.
Venezuela se encamina hoy, probablemente, hacia nuevos horizontes, y al pueblo venezolano le deseo, de todo corazón, la prosperidad y la paz que tanto merece.
Resulta inevitable evocar los versos de su solemne himno nacional: «¡Abajo cadenas! gritaba el señor; y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó».
Esas cadenas, finalmente, deben romperse. El «vil egoísmo» de quienes sumieron a la nación en la miseria no solo exige un justo castigo, sino que es imperativo —por pura salud republicana— que quienes sostuvieron y legitimaron ese régimen rindan cuentas ante la historia y la justicia.
Esto incluye, de manera ineludible, a aquellos que, desde la seguridad de democracias consolidadas, proporcionaron cobertura política o moral a la opresión.
La democracia no puede permitirse el lujo de la hipocresía: quien defiende la libertad en su tierra, pero justifica la tiranía en la ajena, traiciona la esencia misma del derecho.
Solo así el tiempo, como bien vaticinó aquel funcionario en Washington la noche de mi despedida, terminará de poner a cada cual en su sitio.
Es imperativo asegurar que el favor que le hacemos a nuestras propias instituciones sea el de la integridad, la memoria y la verdadera justicia.
