Cada cierto tiempo, la política internacional nos regala una pregunta que, formulada así, parece sacada de otra época:
¿Puede un presidente de Estados Unidos “tomar” Groenlandia?
La cuestión ha vuelto al primer plano del debate público tras nuevas declaraciones de Donald Trump, pronunciadas con su estilo habitual: directo, provocador y deliberadamente ambiguo.
Para algunos, se trata de una fanfarronada más; para otros, de una amenaza inquietante. Y para muchos ciudadanos, simplemente de algo difícil de entender en pleno siglo XXI.
Conviene, por tanto, bajar el volumen del ruido, apartar titulares inflamados y responder con calma a la pregunta de fondo: qué hay de cierto, qué es imposible y qué nos dice este episodio sobre el mundo en el que vivimos.
Groenlandia no es un solar en venta
Empecemos por lo esencial. Groenlandia no es un territorio sin dueño, ni una colonia abandonada, ni un espacio vacío a disposición del más fuerte.
Es un territorio con autogobierno, población propia, instituciones democráticas y un estatus jurídico claro dentro del Reino de Dinamarca.
No es, por tanto, algo que pueda comprarse como quien adquiere Alaska en el siglo XIX —una comparación que se invoca a menudo, pero que es profundamente engañosa—. El mundo ha cambiado. El derecho internacional también.
Desde 1945, el principio básico que rige las relaciones internacionales es la prohibición de la adquisición de territorios por la fuerza y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
No es una opinión, ni una preferencia política: es la arquitectura jurídica sobre la que se construyó el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.
Cualquier intento de “tomar” Groenlandia sin el consentimiento expreso de su población y de Dinamarca sería, lisa y llanamente, una violación grave del derecho internacional.
Y es cierto que lo que aparentemente menos importa a Trump es el derecho internacional. Pero su apuesta por el ejercicio descarado del poder puede ser más retórica que otra cosa.
Entonces, ¿por qué Trump insiste?
La respuesta no está en Groenlandia, sino en Trump.
Donald Trump no habla como un diplomático, ni como un jurista, ni siquiera como un estratega clásico. Habla como un negociador inmobiliario trasladado a la política internacional, donde el valor simbólico de la amenaza y la exageración forma parte del método.
Groenlandia, desde esta lógica, cumple varias funciones:
Primero. Es un símbolo de poder: proyectar la idea de que Estados Unidos puede decidir sobre territorios ajenos refuerza, ante su electorado, una imagen de fuerza sin complejos.
Segundo. Es una pieza geopolítica real: su ubicación en el Ártico, el deshielo, las nuevas rutas marítimas y la competencia con China y Rusia convierten a Groenlandia en un enclave estratégico.
Tercero. Es una provocación calculada: obligar a Europa a reaccionar, a definirse y, en cierto modo, a mostrar sus debilidades.
Trump no está improvisando tanto como parece. Está jugando a una partida de presión política, no a una operación militar realista. En otras palabras, en sus esquemas está negociando un solar, no en Manhattan, sino un “poco” más al este.
La opción militar: prácticamente impensable
Conviene decirlo con claridad, porque es lo que más inquieta: la posibilidad real de una intervención militar estadounidense en Groenlandia es extremadamente baja. No solo porque sería jurídicamente ilegal, sino porque sería políticamente suicida.
Estados Unidos atacando —o forzando— a un territorio perteneciente a Dinamarca implicaría un conflicto directo con un aliado de la OTAN.
Supone dinamitar la credibilidad de la propia Alianza Atlántica y debilitar el bloque occidental.
En este sentido, es vital no confundir la retórica de Trump con un deseo real de desmantelar la organización. A pesar de que sus declaraciones parecen despreciar cada día más a la OTAN, lo cierto es que la Alianza es una herramienta estratégica que difícilmente querría perder: sigue siendo el mecanismo fundamental para estructurar el vasallaje europeo y, sobre todo, una fuente de negocio indispensable para el complejo militar-industrial estadounidense.
Además, no existe ningún indicio serio de preparación militar en ese sentido. No hay despliegues, ni planificación conocida, ni consenso interno en Estados Unidos para algo así. Lo que hay son declaraciones, no decisiones.
Y en política internacional, la distancia entre unas y otras es enorme.
¿Compra, acuerdo, presión económica?
Más plausible —aunque igualmente problemática— es la idea de incrementar la influencia estadounidense en Groenlandia mediante otros medios: inversión económica, acuerdos de cooperación, presencia militar reforzada dentro de marcos ya existentes o incentivos directos a la población local.
Esto no sería nuevo. Estados Unidos ya tiene presencia militar en Groenlandia desde hace décadas, con el consentimiento danés. Y como toda gran potencia, busca asegurar posiciones estratégicas clave.
Pero una cosa es influir, y otra muy distinta es anexionar.
Incluso en el escenario más favorable para Washington, cualquier cambio de estatus requeriría el consentimiento expreso de los groenlandeses. Y, hoy por hoy, ese consentimiento no existe.
Europa, entre la indignación y la impotencia
Este episodio revela algo más profundo: la fragilidad política de Europa cuando se ve interpelada por discursos de fuerza.
Las reacciones europeas han sido firmes en lo retórico —“Groenlandia no está en venta”—, pero también muestran una incomodidad evidente.
Europa depende en gran medida del paraguas de seguridad estadounidense y, al mismo tiempo, desconfía cada vez más de la imprevisibilidad de sus liderazgos.
Trump explota esa contradicción.
No porque quiera realmente Groenlandia mañana, sino porque sabe que poner el tema sobre la mesa descoloca, divide y obliga a reaccionar.
O dicho de otro modo: apretar a Europa es desde hace mucho tiempo el deporte favorito de Trump, y seamos sinceros: el Viejo Continente también ha puesto de su parte para ganarse el trofeo.
Al final, lo de Groenlandia es solo el último síntoma de un problema de piel recíproco; una de esas alergias recíprocas que puede darse entre personas, pero que también puede surgir como fenómeno político y sociológico.
Y en el manual de estilo de Trump, la inquietud del aliado no es un problema a resolver, sino una vulnerabilidad que rentabilizar.
El verdadero riesgo: normalizar el lenguaje del siglo XIX
Quizá el mayor peligro de todo esto no sea que Groenlandia cambie de manos, sino que normalicemos un lenguaje político que creíamos superado.
Hablar de “tomar”, “quedarse con” o “comprar” territorios ajenos como si fueran activos comerciales erosiona principios que costaron millones de vidas construir.
Cuando ese lenguaje viene del presidente de la mayor potencia del mundo, el efecto se multiplica.
Otros actores —con menos escrúpulos y más ambiciones territoriales— toman nota.
Conclusión: más ruido que realidad, pero no inocente
Volvamos a la pregunta inicial.
¿Puede Trump “tomar” Groenlandia?
La respuesta honesta es: no, en la práctica no puede, ni por la fuerza ni por decisión unilateral. Los obstáculos jurídicos, políticos y estratégicos son enormes.
Y la siguiente pregunta, tratándose de quien se trata, es: ¿A pesar de todo ello, lo hará?
Mi pronóstico es que no.
El coste-beneficio simplemente no cuadra. Pero sería ingenuo ignorar el peso de sus palabras: las amenazas, aunque vacías de acción, reconfiguran el mundo hacia un escenario más incierto. Groenlandia seguirá donde está, pero la confianza internacional no.
De aquí a noviembre, el ruido electoral de Trump elevará los decibelios hasta niveles ensordecedores.
No habrá conquista territorial, pero la batalla por el impacto mediático y la erosión de las normas internacionales apenas está comenzando.