El exministro de Transportes y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, dejaron de compartir celda en la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanecen desde el 27 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Supremo decida si mantiene su prisión provisional.
Según fuentes jurídicas, ambos pasan ahora a celdas individuales.
Hoy, precisamente, la Sala de lo Penal del Supremo, en apelación, examinará los recursos presentados contra su ingreso en prisión, acordado por el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ante un riesgo de fuga calificado como “extremo”, dada la cercanía del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El tribunal ha fijado dos vistas consecutivas: a las 10.30 horas se estudiará el recurso de Ábalos y, media hora después, el de Koldo García.
En su escrito, Ábalos sostiene que el juez ha hecho un “uso irrazonable del derecho”, al ordenar su encarcelamiento sobre una “base de vaguedades y excusas procesales”.
José Luis Ábalos acudirá a la vista del Tribunal Supremo representado tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, como por su nuevo letrado, Marino Turiel.
Aunque Bautista renunció a la defensa por “diferencias contractuales”, el magistrado instructor le ordenó asistir a la sesión salvo que solicitara su suspensión.
En su recurso, Ábalos sostiene que el instructor hizo un “uso irrazonable del derecho” al decretar su prisión provisional sobre una “base de vaguedades y excusas procesales”.
Su defensa pide a la Sala de lo Penal su puesta en libertad al negar la existencia de riesgo de fuga y argumenta que, al no concurrir las finalidades legales de esta medida cautelar, su encarcelamiento solo perseguiría inducir una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama tras su ingreso en prisión.
El escrito reprocha además que el juez haya minimizado el arraigo personal, familiar y social del exministro, subrayando que tiene un hijo menor a su cargo los fines de semana y residencia fija y conocida en España.
Recuerda que la prisión provisional es una medida excepcional y que el artículo 17 de la Constitución exige que el riesgo de fuga sea “real, palpable y reconocible”, algo que —según la defensa— no concurre en este caso.
Koldo García también solicita su excarcelación y se ofrece a pagar una fianza. Defiende que su incremento patrimonial está justificado por ingresos legales y critica que el auto de prisión asuma sin contraste las tesis de la acusación, sin verificar la solidez de los indicios ni la existencia de un riesgo extremo de fuga.
Su defensa descarta tanto la posibilidad de obstaculizar la investigación —ya concluida en lo esencial— como la de reincidencia, al estar los hechos vinculados a un contexto ya superado.
El recurso cuestiona igualmente la referencia judicial a una supuesta gran cantidad de dinero no localizada, alegando que se omite el reembolso de gastos del PSOE por importe de 127.000 euros, corroborado por testigos.
También rechaza la credibilidad de la declaración de Aldama sobre pagos mensuales de 10.000 euros, al no existir respaldo patrimonial ni prueba adicional. Añade que los gastos adelantados a Ábalos eran posteriormente reembolsados y que el esfuerzo económico real atribuible a Koldo y su expareja se limita a 98.421 euros, debidamente justificados.
Por último, destaca su arraigo familiar —convive con una hija menor y cuida de su madre de 86 años— como factor relevante para descartar el riesgo de fuga.
En esta causa, la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor y mantienen la misma pena que el Ministerio Público para el empresario.
