La asociación El Defensor del Paciente ha defendido los intereses de la familia del fallecido por cáncer hepático ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Ý es que los continuos retrasos en las pruebas médicas y en la atención al paciente provocaron su fallecimiento, indemnizándose ahora a sus familiares con 155.762 euros.
N.N., de 56 años de edad, sufría «molestias y alteraciones digestivas» desde hacía tiempo. Algo que le llevaba a acudir, en octubre de 2022, al Hospital General de Castellón, donde fue atendido por el servicio de Medicina Digestiva.
Consulta que se derivó en diferentes pruebas, que se retrasaban sin explicación, llegando a los primeros meses de 2023 sin un diagnóstico claro, más allá de que se pautara al paciente antibiótico. Ello, mientras «las visitas a urgencias se repetían, y los dolores de N.N. eran insoportables, a los que, en ocasiones, les repetían que se trataba de heces retenidas».
Situación que se prolongaba a lo largo de los meses, siendo en junio de 2023 cuando le informan «de la presencia de una masa exofítica en reborde posterior del lóbulo hepático derecho». Una masa que, sin embargo, le aseguran «no presentar signos de agresividad», recomendándole un control un año más tarde, cancelando la operación programada para su extirpación.
Ya en el mes de noviembre, apenas unos días antes de su fallecimiento, N.N. volvía a urgencias del hospital, siendo dado de alta con tratamiento sintomático.
«Después, volvió el día 16 de noviembre. Los diagnósticos que manejaban era presencia de heces, cólico nefrítico, dolor inespecífico o estreñimiento», lamenta ahora la asociación El Defensor del Paciente. Un diagnóstico muy lejos de mostrar el cáncer de hígado que provocaba el fallecimiento.
Mala praxis que le llevó al fallecimiento por cáncer hepático
El 18 de noviembre, N.N. «acudió nuevamente a urgencias por dolor abdominal y aumento del perímetro abdominal». Momento en el que, al realizarle un TAC, se encontró «una gran lesión de densidad sólido quística». Un diagnóstico que contemplaba que las lesiones hepáticas que se visualizaron en mayo de 2023, que se decidieron no operar, «habían crecido y se habían roto».
Momento en el que se le realizó una biopsia, confirmándose un diagnóstico de carcinomatosis peritoneal. Cáncer con imposibilidad de cirugía, debido a la extensión que ya ostentaba el tumor. Situación que, poco después, derivaba en que N.N. solicitara la sedación, falleciendo el 30 de noviembre.
La autopsia reflejó la presencia de un tumor hepático de 12×9 centímetros, que no había sido tratado.
Un caso que los abogados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, de la asociación El Defensor del Paciente, defendían ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, a través de una reclamación patrimonial por mala praxis médica.
Reclamación que era parcialmente estimada por la Consejería, que concedía una indemnización de 155.762 euros a la viuda e hijos menores de edad del fallecido. Una indemnización en la que, sin embargo, la resolución administrativa entiende que la pérdida de oportunidad del diagnóstico debe graduarse en un 34%, «por tratarse de un tumor que, aún siendo detectado y tratado a tiempo», tiene baja supervivencia del paciente.
Una valoración que no comparte la familia. Tampoco El Defensor del Paciente, que ya se encuentra en trámites de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Ello, defendiendo que la oportunidad para este paciente era «máxima o absoluta, de haber sido diagnosticado e intervenido a tiempo».
