El Tribunal de Instancia de Cádiz Plaza 2 ha fallado a favor de los intereses de la familia de la paciente, reconociendo la mala praxis del centro hospitalario en el cuadro de cistitis de la paciente fallecida. Decisión por la que se condena al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a su aseguradora, Berkshire Hathaway European Insurance, a abonar a la familia cerca de 70.000 euros.
M.B., de 77 años, ingresaba el 1 de septiembre de 2023 en el Hospital Universitario de Puerto Real por un cuadro de agitación psicomotriz, negativa a la ingesta y deterioro general progresivo.
Una situación ante la que los familiares de la paciente informaron a los sanitarios de síntomas como disuria, orina fétida y episodios de hipoglucemia. Algo que pronto llevaba al diagnóstico de infección urinaria complicada en el contexto de deshidratación severa.
En concreto, la cistitis estaba provocada, tal y como detectó el hospital, por la bacteria E. Coli. Una infección que se veía agravada por la situación de la paciente, diabética, con orinas patológicas, encamada, con acidosis metabólica, y usando pañales para adultos.
Caso ante el que los facultativos procedían a realizarle un tratamiento antibiótico, que cancelaban seis días después de su administración.
Apenas unos días más tarde, el 1 de octubre, M.B. fallecía, debido a una sepsis urinaria secundaria a infección que desembocaba en fallo multiorgánico.
Fallecimiento ante el que la hija de la fallecida, representada por el abogado José Luis Ortiz, presentaba una demanda contra el SAS, así como contra su aseguradora, por mala praxis. Un caso que llegaba ante el Tribunal de Instancia de Cádiz 2, bajo la magistratura de Antonio Rodríguez García.
Una cistitis que no fue correctamente controlada
Demanda en la que la familia de la fallecida consideraba que existía vulneración de la lex artis, debido a que hubo un error de tratamiento, al suspender el antibiótico sin valorar que se pudiera reproducir la infección.
También que, pese al empeoramiento de la mujer, no se administrase un nuevo antibiótico hasta dos días antes de fallecer. Tampoco que se le realizaran nuevos cultivos de orina, ni se controlase la deshidratación que padecía.
Valoración del perito de la familia que contrastaba con la expuesta por el perito del SAS, que aseguraba que «la actuación médica fue adecuada». Y así, destaca que la infección por la que ingresó fue correctamente curada, sin necesidad de hacer nuevas pruebas de confirmación, pero siendo una paciente de riesgo, tuvo una segunda infección que provocaba su muerte.
Posición que no compartía el tribunal de instancia.
«La paciente se encuentra ingresada desde el 14 de septiembre hasta el 29 de septiembre sin que se le realizara cultivo para controlar la infección inicial, y tampoco se le suministra antibiótico alguno», critica el tribunal.
Ello, a pesar de que, según se traduce del historial clínico, «la paciente fue empeorando durante dicho periodo, con diuresis prácticamente nula, leucocitosis progresiva y deterioro cognitivo evidente».
«El segundo tratamiento llegó tarde y la paciente padecía una sepsis irreversible que acabó con su vida», valora el magistrado.
Algo que lleva al tribunal a estimar parcialmente el recurso presentado por los hijos de la fallecida. Y por tanto, condenar al SAS y a su aseguradora a indemnizar a la familia de la paciente con 69.279,1 euros. Sin imposición de costas.
