El Ministerio de Justicia ha iniciado los trámites correspondientes a una primera solicitud de indulto presentada en favor del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. El Gobierno ha requerido al alto tribunal que emita el preceptivo informe sobre la petición, al tratarse del órgano sentenciador.
La solicitud de indulto ha sido formulada por dos particulares y, una vez recibida por el Ministerio de Justicia, ha sido remitida al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la misma. La información fue adelantada por El País y confirmada posteriormente por fuentes del Gobierno.
La normativa vigente permite que las peticiones de indulto sean presentadas no solo por los penados, sino también por sus familiares o por cualquier otra persona en su nombre. En estos casos, el procedimiento exige la emisión de un informe por parte del tribunal que dictó la sentencia, así como la audiencia de la Fiscalía y de la parte perjudicada.
Si el indulto llegara a prosperar, su concesión correspondería al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es el órgano con capacidad decisoria final. La medida, en su caso, debería aprobarse mediante real decreto y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
García Ortiz insiste en su inocencia
Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado mes de diciembre a una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
El Tribunal Supremo le consideró responsable de un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, al atribuirle la filtración a medios de comunicación de un correo electrónico en el que el empresario se ofrecía a confesar, así como la posterior difusión de una nota de prensa en la que se le mencionaba.
Según la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo electrónico remitido el 2 de febrero por el abogado de González Amador a la Fiscalía. En dicho correo, el letrado ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales por los que estaba siendo investigado a cambio de evitar la entrada en prisión.
La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados que integraban el tribunal, aunque contó con dos votos particulares discrepantes, suscritos por las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. Ambas expresaron su “discrepancia absoluta” con la condena, al considerar que el fallo se sustentaba únicamente en sospechas y que, en consecuencia, García Ortiz debió haber sido absuelto.
Tras la condena, el ex fiscal general presentó un incidente de nulidad, actualmente pendiente de resolución, en el que sostiene su inocencia y defiende la “credibilidad” de la Fiscalía frente a lo que califica como “ataques”.
