El magistrado jubilado Manuel García Castellón ha vuelto a solicitar al juez instructor del denominado ‘caso Leire’ que reconsidere su decisión y le permita personarse como acusación particular en la causa. El exjuez sostiene que fue “más que perjudicado” por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez y advierte de que, si se mantiene su exclusión del procedimiento, se le causaría “indefensión”.
Así consta en un escrito, en el que su abogada pide al titular del Juzgado, Arturo Zamarriego —y de forma subsidiaria a la Audiencia Provincial de Madrid— que revise la resolución por la que se acordó su expulsión de la causa. El instructor adoptó esa decisión la pasada semana al entender que García Castellón no tenía la condición de perjudicado por los hechos investigados.
En su resolución, el juez Zamarriego argumentó que en el escrito de personación presentado por García Castellón “no hay concreción de ningún hecho que avale su condición de perjudicado en las presentes más allá de indicar que, de diversos artículos periodísticos, se desprendería que” Díez “presuntamente difundió informaciones presuntamente falsas” con la finalidad de menoscabar su honor y su imagen.
Según el instructor, ese eventual menoscabo, de tener relevancia penal, encajaría en un presunto delito de injurias, ajeno al objeto del procedimiento, por lo que emplazó al exmagistrado a personarse, en su caso, como acusación popular.
La defensa de García Castellón lo tacha de «decisión arbitraria»
La defensa de García Castellón rechaza esta posibilidad y califica la propuesta del juez de “completamente irrazonable”, al considerar que no puede exigirse la personación como acusación popular a quien, a su juicio, es un perjudicado directo por las presuntas acciones delictivas investigadas.
La letrada sostiene que el exmagistrado se vio afectado por la presunta “obtención por parte de Díez —en nombre y representación del PSOE—” y de los también investigados Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol de “todo tipo de información” supuestamente dirigida a desprestigiar a profesionales de la Justicia y a otras autoridades.
En este contexto, recuerda que García Castellón era en ese momento el instructor del ‘caso Villarejo’, entre otras causas. “Por tanto, relegar al señor García Castellón a la categoría de mero ofendido por el delito es una decisión absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”, afirma el escrito.
En la causa, el juez Zamarriego investiga si Díez encabezaba una “actuación delictiva, continuada y coordinada” destinada a recabar “información comprometida o irregular” de instituciones del Estado con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones judiciales en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios.
Por su parte, Leire Díez sitúa las conversaciones incorporadas al procedimiento en el marco de una labor periodística, realizada con vistas a la publicación de un libro sobre las denominadas cloacas del Estado.
